Huachicoleo en altamar

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Alberto AguirreSignos vitales

La certificación de cumplimiento con el Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP) de todos los puertos de altura en México resulta inválida

Los reportes oficiales y las investigaciones independientes coincidían en la gravedad de la situación, en vísperas del cambio de poderes: la vigilancia de las refinerías, las terminales de almacenamiento y las plataformas offshore de Petróleos Mexicanos —por razones de seguridad nacional— involucró a tropas del Ejército y la Marina, pero la sustracción de hidrocarburos, a través de conexiones ilegales a ductos y robo de autotanques, crecía rampante.

La información sobre estos ilícitos ha sido pública, tras un cúmulo de solicitudes presentadas ante la unidad de enlace de la paraestatal. Según el comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, se han tramitado 1,565 solicitudes durante los 15 años de existencia de la plataforma de transparencia; 39.2% corresponde a la ubicación de las tomas clandestinas; 13.9% al volumen de los hidrocarburos sustraídos y 8.2% a las pérdidas económicas.

Justo hace cuatro años, Adriana Ávila-Zúñiga-Nordfjeld utilizó el sistema Infomex para preguntar sobre los casos de robo de petróleo que hubieran detectado directamente en ductos de Pemex e instalaciones para la transformación de los hidrocarburos y en lo particular, en plataformas petroleras, terminales petroleras o terminales de almacenamientos desde el año 2000.

La investigadora, de origen michoacano, radica en Malmö, Suecia. Y recababa tal información para la elaboración de su tesis doctoral, sobre la política de seguridad marítima en México. En noviembre del 2015 recibió la respuesta a través de correo electrónico. “No se cuenta con la información a ese nivel de detalle”, dice la respuesta a la solicitud SISI 1857200255715, firmada por Xavier Castañeda Espinosa de los Monteros.

En el 2014, reconocieron, hubo 23 denuncias en 11 entidades federativas y fueron asegurados 2.72 millones de litros de petróleo crudo; las entidades con más recurrencia fueron Guanajuato y Tamaulipas, con cuatro cada una, seguidas por Puebla y Estado de México, con tres cada una; e Hidalgo y Veracruz, con dos cada una. Para la fecha de la respuesta había 11 denuncias acumuladas en seis entidades y apenas 232,588 litros habían sido asegurados.

En el 2014 fueron detectadas 3,635 tomas clandestinas y 4,298 en los primeros 10 meses del 2015. Ávila-Zúñiga insistió para tener información sobre los empleados y exempleados investigados por robo de hidrocarburos entre 2006-2015. La respuesta a su solicitud SISI 1857200171515 permitió saber que 136 empleados de Pemex y 12 exempleados estaban sujetos a pesquisas y que 123 habían sido detenidos por la autoridad judicial; otros 189 trabajadores de la paraestatal habían sido inquiridos, por otros tipos penales; 115 por robo de distintos insumos, 25 por posesión de cannabis y nueve por posesión de cocaína.

Por otras vías, Ávila-Zúñiga pudo documentar diversos incidentes de seguridad y derrames en plataformas. En el 2016 —de acuerdo a un conteo interno— ocurrieron 31 reportes en 27 plataformas petroleras ubicadas en el litoral de Tabasco; la mayoría robos y vandalismo —cuando no hubo robo sino sólo destrucción de equipos y parte de las instalaciones vinculados al desmantelamiento de dichas instalaciones por el crimen organizado, además del hurto de combustible en altamar—.

El 65% de los incidentes denunciados ocurrió dentro del campo petrolero Tisimin Xux —uno, en la plataforma MANIK-A, fue referido como el “acceso no autorizado de personas armadas con machete”, que derivó en la evacuación de la tripulación en helicópteros— y 25% en la plataforma Akal-N ubicada en el área del campo petrolero Cantarell.

En Tampico se ubica una de las terminales portuarias petroleras más grandes de Pemex y es donde se registra el mayor número de robos de hidrocarburos.

Las amenazas a la seguridad de los puertos mexicanos es el punto toral del trabajo de la investigadora michoacana, entre ellas cuenta: asaltos, ataques armados contra personal de seguridad de puertos y terminales portuarias, tráfico de droga, terrorismo, migración ilegal, acceso no autorizado y seguridad de mercancías peligrosas, entre otros.

Su punto de partida fue la denuncia formulada por el diputado federal Germán Pacheco Díaz, el 5 de noviembre del 2013, por el “cobro de piso” exigido a directores portuarios, concesionarios y operadores de terminales portuarios por parte del crimen organizado.

La información recabada por Ávila-Zúñiga establece que 57 incidentes de seguridad portuaria fueron reportados en el 2017, de los cuales 23 ocurrieron dentro de instalaciones de las aduanas marítimas: cuatro de éstos fueron acceso de personal no autorizado dentro de áreas restringidas y uno más sobre el descubrimiento de paquetes sospechosos dentro del área de aduanas; el resto involucró la confiscación de drogas, narcóticos, material psicotrópico y armas de fuego en contenedores en el área de aduanas. Entre estos últimos, hubo la detección de 800 unidades de granadas y pistolas, incluyendo fusiles AK-47.

La investigadora presentó su tesis Building a National Maritime Security Policy en vísperas del cambio de gobierno. Bajo la asesoría de Dimitrios Dalaklis y después de reunir evidencia sobre los incidentes marítimos ocurridos en los litorales mexicanos, concluyó que la certificación de cumplimiento con el Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP) de todos los puertos de altura en México resulta inválida.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿COMPENSACIÓN? Sandra Méndez era alcaldesa de Tultitlán, Estado de México, y buscaba reelegirse pero el pasado 1 de julio fue avasallada por el tsunami morenista. Ahora, con el respaldo del exsecretario de Gobierno, José Manzur, busca convertirse en la nueva lideresa del sector popular pero los priistas mexiquenses consideran que en las estructuras partidistas no hay espacio para perdedores. ¿Será?