A diferencia de otros procesos electorales, el 2018 tuvo pocas encuestas de pronóstico electoral. La carrera de caballos fue seguida por pocos medios informativos
Para la autoridad electoral, el proceso comicial del 2018 es cosa juzgada. El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello, presume que los votos se contaron bien y que las fuerzas políticas actuaron con mesura y madurez al reconocer inmediatamente la victoria de Andrés Manuel López Obrador.
¿Y las campañas negras? La irrupción de PejeLeaks, hace un año, y la profusión de denostaciones contra el candidato presidencial izquierdista, en los largos meses de la campaña fueron ignotas para los consejeros electorales; no obstante, las reiteradas quejas de los representantes de Morena en esa instancia, encabezados por Horario Duarte Olivares. Ni el procedimiento especial sancionador contemplado en la legislación vigente, ni la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación especializada en campañas negras fueron funcionales.
Después de la descarada injerencia empresarial en los comicios presidenciales del 2006 —cuando financiaron y alentaron la propaganda negativa contra el político tabasqueño, al que calificaron como “un peligro para México”—, las sucesivas reformas electorales prohibieron expresamente que terceros pudieran contratar espacios en radio y televisión con fines electorales. Desde el 2007, las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano. Y desde la reforma primigenia de 1996, el financiamiento público prevalece sobre el privado, como una regla de corte constitucional.
A diferencia de otros procesos electorales, el 2018 tuvo pocas encuestas de pronóstico electoral. La carrera de caballos fue seguida por pocos medios informativos. Y, en cambio, grupos empresariales financiaron mediciones que impactaron a las campañas. En vísperas del segundo debate presidencial, en Mérida, el equipo de José Antonio Meade encaró a los promotores de uno de estos ejercicios, por haberlo colocado en tercer lugar.
Desde entonces, el Consejo de Hombres de Negocios fue blanco de señalamientos por su presunta injerencia en el proceso político electoral, muy distinto a los ejercicios de verificación convocados por organizaciones civiles como Causa en Común, el Imco o Mexicanos Primero, por citar a los más visibles.
Encuestas, documentales y, sobre todo, el uso malicioso de las redes sociales se multiplicaron conforme avanzaban las campañas. Y se intensificaron, en los días previos a los debates presidenciales. La facilidad —y la rapidez— para crear y difundir contenidos a través de Internet y las redes sociales pudieron solventar cualquier restricción legal.
Desde entonces, dirigentes morenistas comenzaron la tarea de identificar a los responsables de la propaganda anti-AMLO. Uno de sus primeros blancos fue el activista Claudio X. González, aunque pronto las pesquisas apuntaron hacia los empresarios Agustín Coppel, Alejandro Ramírez, Eduardo Tricio y Germán Larrea.
La lista de generadores de contenidos era más amplia: allí se mencionaba a Javier Razo, Manuel Garza, Santiago Kuri Breña, Alejandra Sota, Alejandro Quintero…
En el rastreo del financiamiento ilícito en las campañas electorales del 2018, la administración entrante recurrió a la generación de los modelos de riesgo aplicados a las indagatorias de actividades delictivas, como el robo de hidrocarburos, trata de personas y blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
Los primeros resultados de las pesquisas fueron revelados en Palacio Nacional, ante el Ejecutivo federal. Más que la presunción de inocencia, valió un severo principio de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública.
En las últimas dos semanas ha sido expuesta información que involucra a empresarios y exfuncionarios de primer nivel de la anterior administración federal —que formaban parte del equipo de Rosario Robles— en dos casos de alto impacto. Su resolución queda en manos de José Agustín Ortiz Pinchetti y María de la Luz Mijangos, los nuevos fiscales especializados en delitos electorales y anticorrupción, respectivamente.
Por la noche, el Consejo Mexicano de Negocios —cuyo presidente es Antonio del Valle Perochena— negó categóricamente las imputaciones formuladas por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SCHP y reiteró su carácter apartidista, así como su estricto apego a la ley.
“El Consejo Mexicano de Negocios desarrolla diferentes iniciativas, campañas publicitarias y eventos que promueven la labor empresarial como elemento fundamental del crecimiento económico y social de México, entre ellas: Fuerza México, Éntrale, apoyo al proceso de modernización de T-MEC, y el Centro de Competitividad de México, entre otras. Para este fin, el CMN se apoya de diversas empresas prestadoras de servicios de creatividad, diseño, producción, comunicación, entre otras. Los pagos y transacciones a los que hace referencia el documento publicado el día de hoy por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponden a la ejecución de estas iniciativas”, precisó.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿INCENTIVOS? El pasado martes 12, en el Instituto Mexicano del Petróleo hubo vítores. Y es que los empleados adscritos al Servicio Profesional de Carrera recibieron un pago retroactivo, equivalente a cinco catorcenas. ¿Y aun así están renuentes a dar su aval a la refinería de Dos Bocas? Ironías aparte, quedan dudas sobre la aplicación de la política de austeridad republicana en esa institución. ¿No que ya se habían terminado los bonos? Y es que con el bono SIN y el sueldo, algunos empleados del IMP percibieron más ingresos que el Ejecutivo federal.
OCURRENCIAS. Oriundo de Coahuila, pero “con acento michoacano y acento un poco gallego”, Joel Bucio Juárez es un comunicólogo que, tras de un breve paso en el Tec de Monterrey, incursionó en el marketing digital hasta finales del año pasado, cuando aceptó incorporarse a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, donde funge como director de Estrategia de Difusión, bajo las órdenes de Jesús Cantú. Atrás quedó su trabajo para GH Innovación y Creatividad. Ahora combinará sus actividades públicas con el gerenciamiento de la firma Goose&Hooper (ganso y grillo). ¡Órale!
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