Pendiente, el cobro de los intereses generados por el manejo de 700 millones de pesos en certificados bursátiles. El capital no fue reintegrado a las arcas de Liconsa. En el caso Telra, la tesorería del Infonavit tampoco recuperó lo desfalcado
Han pasado casi cinco años de la negociación entre altos funcionarios de la administración lopezobradorista y un bloque de accionistas de Telra-Realty, el consorcio inmobiliario que por la multimillonaria indemnización que obtuvo del Infonavit —en la gestión de Alejandro Murat— se puso en el punto de mira de las autoridades fiscales y la naciente FGR.
Otros casos relevantes estaban en ciernes. Las acciones contra Alonso Ancira y José Sosa Castelán habían sentado ominosos precedentes. Los abogados de la familia El Mann recomendaron acceder al criterio de oportunidad planteado por las autoridades federales —previa devolución de 2,000 millones de pesos— para esquivar perturbaciones mayores (la UIF solicitó congelar sus cuentas). Entonces inició una disputa con la familia Zaga que ha abochornado a la comunidad judía.
El caso Telra no está cerrado. Y ambas familias han sido emplazadas nuevamente a responder ante las autoridades federales. Igual sucede con el caso Segalmex, que podría correr la misma suerte que la llamada Estafa Maestra: sin que haya castigo a los funcionarios alevosos que extrajeron los recursos.
Pendiente, el cobro de los intereses generados por el manejo de 700 millones de pesos en certificados bursátiles. El capital no fue reintegrado a las arcas de Liconsa. En el caso Telra, la tesorería del Infonavit tampoco recuperó lo desfalcado.
Segalmex deberá convertirse en Alimentación del Bienestar. En Cuautitlán, Estado de México, están ubicados los almacenes de granos como Silos Miguel Alemán, que son propiedad del gobierno, pero fueron dados en concesión —por 30 años— en administraciones federales anteriores a la Cuarta Transformación.
Allí se almacenan y distribuyen granos de seis estados de la zona centro del país. Tiene la mayor actividad de la región y benefician a un importante número de habitantes. La actual concesión vence en 2027 y la tiene la empresa Almacenadora del Sur, pero Sader está por renovar la concesión, lo que compromete los proyectos que tiene la nueva administración en el rubro de compra y distribución de granos básicos.
Entre las herencias perniciosas en Segalmex están las empresas de outsourcing: Team Business Management, Digasab Consultores, Dirección Motriz Empresarial, Jeandi Premium, Viajes Ayala, Danae Consultores, Innovación de Reclutamiento y Recursos de Personal, Soraa Massive Searching, Katanarapier, PNPDMW, Visión y Estrategia de Negocios, Firmeza Jurídica y Gestión y Destreza Empresaria.
José Alfredo Labastida Cuadra, exgerente de recursos humanos de Segalmex, es el encargado de vincular nuevamente a las empresas con la nueva administración, a pesar de que se encuentran bajo investigación.
Efectos secundarios
DISPUTAS. La narrativa sobre el cartel inmobiliario que perseguirá a una generación de cuadros panistas surgió de la inventiva del despacho Núcleo Comunicación y del entonces dirigente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez. En el fondo hay historias que trascienden a los funcionarios de las alcaldías blanquiazules e involucran a poderosos inmobiliarios y fondos de inversión que financiaron la construcción de megadesarrollos en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, ICM Property Partners, un fondo registrado en Canadá gestionado por Scott Salazar Myers y John James Courtliff, que aterrizó en México con inversiones en parques industriales de clase A en Coahuila, Ciudad Juárez y San Luis Potosí. Hace un quinquenio invirtió en Skyhause, un proyecto que se vio afectado por la pandemia y después por las disputas políticas. Ahora, ambas partes se disputan la friolera de 273 millones de pesos depositados en dos fideicomisos que opera Banca Mifel.
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