Hacia un nuevo sistema de salud

La reforma a la Ley General de Salud que entró en vigor el primero de enero representa uno de los cambios más osados de la 4T. Lograr la universalidad y la gratuidad absoluta en la prestación de los servicios que ahora proporcionará el Insabi supone un reto tan enorme como los riesgos políticos que conlleva.

Nadie puede objetar la reestructuración de un sistema de salud que el Presidente ha comparado con el de los países nórdicos. El problema es que, como se ha visto con las protestas de trabajadores y usuarios, su implementación es excepcionalmente compleja y está resultando muy confusa.

El abandono del Seguro Popular en favor del nuevo esquema exige claridad en los alcances y tiempos del proceso. Y al menos hacia afuera del gobierno, eso es lo que ha faltado. A decir de Julio Frenk y Salomón Chertorivski, lo que hasta ahora prevalece es precisamente la incertidumbre (“Insabi: incertidumbre que mata”, 12/01/2020).

Según las encuestas, entre las decisiones más cuestionadas del gobierno, está la cancelación de apoyos a las estancias infantiles. Las protestas entonces fueron inmediatas y bien organizadas, algo que ahora no ha sucedido. Con todo, la afectación inicial de esa medida palidece frente al potencial daño que una transición atropellada del sistema de salud podría provocar a millones de mexicanos.

Y los tropiezos no pueden descartarse, pues además de la falta de claridad en lo que a operación y financiamiento respecta, un cambio como el propuesto exige una capacidad de gestión administrativa que no se corresponde con una burocracia que el propio Presidente ha comparado con un elefante reumático.

Dos factores aumentan los riesgos: la expectativa de resultados inmediatos y la recentralización de los servicios de salud, pues entonces el malestar ciudadano, de haberlo, estaría dirigido primordialmente hacia el gobierno federal.

Es del interés de todos que la reforma planteada sea fluida y exitosa. Y ciertamente se podrán ir haciendo ajustes en el camino. Pero lo que es indudable que, dada la importancia literalmente vital que la salud representa para todos, este cambio es uno de los que más riesgos políticos conlleva para la 4T, si no el que más.