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Los González Moreno son accionistas mayoritarios pero, para echar a Ortiz requieren el apoyo de otros inversionistas… o de Hacienda.

Guillermo Ortiz es inteligente, temperamental y obsesionado por el control. Así fue en Hacienda, en el Banco de México y así ha sido en Banorte. Nadie puede llamarse a engaño: si alguien quería un presidente de adorno, el puesto no era para él.

¿Se ha extralimitado el ex banquero central en su papel como presidente de GF Banorte? La familia González Moreno está segura que sí. Fueron acumulando piedras, ante decisiones que consideraron autárquicas. Primero fue la remoción de viejos consejeros y sustitución por gente muy identificada con Ortiz. Luego la decisión de apostar por la expansión de Afores Banorte con dos grandes adquisiciones. El presidente de Banorte les informó. No les consultó ni, mucho menos, les pidió permiso. Algo similar ocurrió con el aumento de capital por 10 mil 200 millones de pesos. Esta maniobra redujo la participación accionaria de los herederos de Roberto González Barrera, de 14.8 a 11 por ciento.

La gota que derramó el vaso fue la propuesta de Ortiz de modificar el gobierno corporativo del grupo financiero. Esto ocurrió a fines de abril. Pretendía adjudicar más poderes a la presidencia, en detrimento del director general, Alejandro Valenzuela. Este ejecutivo, que fue colaborador muy cercano de Ortiz, se alineó con la familia González Moreno para enfrentar a su ex jefe.

El enfrentamiento ha llegado a un punto donde no hay retorno… ni puentes. En otros momentos Carlos Hank Rohn cumplió el papel de mediador entre la familia de su esposa, Graciela, y el presidente de Banorte. Ese puente ya se cerró.

La resolución de este nudo tiene una fecha fatal, la asamblea del 23 de octubre. Ese día, a más tardar, se resolverá el futuro del gobierno corporativo de Banorte. Hay una cosa a considerar: la familia González Moreno no tiene poder suficiente por sí misma para echar a Guillermo Ortiz. Su paquete de acciones del Grupo vale alrededor de 2 mil millones de dólares, pero no es mayoritario. Requieren sumar apoyos entre los demás accionistas, convencerlos de que Guillermo Ortiz está lejos de ser el presidente que el grupo requiere.

Hay accionistas importantes que tradicionalmente han sido aliados de los González Moreno, como los Martín Bringas, propietarios de las tiendas Soriana. Sin embargo, más de 80% de los títulos está en manos de inversionistas institucionales. Banorte tiene 10 mil126 inversionistas patrimoniales mexicanos. En su capital hay, además, 160 fondos institucionales globales y 22 fondos institucionales mexicanos, entre ellos cuatro afores. A estos inversionistas les preocupa el impacto que el conflicto puede tener en el precio de las acciones. Los rumores han afectado muy poco. Basta decir que los títulos cayeron más cuando salió Luis Peña de la dirección general, hace un lustro.

La batalla por el control del cuarto grupo financiero mexicano se librará en dos espacios clave: la Secretaría de Hacienda y los administradores de los fondos institucionales. Las autoridades hacendarias, con Luis Videgaray a la cabeza, son un árbitro obligado. Banorte es too big to fail. Es un asunto de interés nacional encontrar una solución institucional a esta crisis. El dictamen de rechazo de la CNBV a los cambios en el rol del presidente de Banorte parece un indicio de cuál es la posición de Hacienda, pero hay que tener cuidado con sacarlo de contexto: no implica necesariamente un veto a la continuidad de Ortiz. El ex banquero central está vivo y le gusta pelear. Hagan sus apuestas.