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Si se cumple mañana la amenaza de Donald Trump de nombrar grupos terroristas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, la única reacción esperada del gobierno mexicano será el rechazo y la indignación.

Seguro que volverán las referencias al himno nacional, a la soberanía y a todo aquello que alimente la retórica esperada por los seguidores más radicales del régimen.

Pero, lo más importante será establecer la mejor coordinación posible con el Departamento de Estado de Marco Rubio para que esa eventual guerra contra el crimen tenga los menores costos posibles para México.

Porque hablamos del Presidente estadounidense, el que quiere repartir Ucrania con Putin, recuperar al costo que sea el Canal de Panamá, el mismo que quiere hacer un desarrollo inmobiliario en la Franja de Gaza.

Y no hay que perder de vista que ese Presidente vendió ampliamente entre su clientela política el combate al narcotráfico mexicano y, por lo tanto, tiene el apoyo popular.

Ahora, designar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos podría tener más implicaciones negativas para Estados Unidos que para nuestro país, tanto como aplicar aranceles y perjudicar a sus propios consumidores.

Los grupos inicialmente incluidos en esta lista del Departamento de Estado datan de octubre de 1997 y además de Hezbollah o Hamás, en la lista inicial estaba Sendero Luminoso, de Perú.

Los 68 grupos terroristas listados parecen compartir más motivaciones ideológicas que económicas y esa es una primera gran diferencia.

El temor de incursiones militares en suelo mexicano, ya con la designación de grupos terroristas de los cárteles, tiene el sustento de ser Trump quien lo ordenaría, pero básicamente se trata de la aplicación de medidas económico-financieras para combatir a esos grupos.

Un problema central de los cárteles del narcotráfico mexicanos es que son básicamente financiados por los ciudadanos de Estados Unidos a través de la compra de los estupefacientes.

Los flujos financieros se han sofisticado más allá de los envíos clandestinos de efectivo, hay desde micro transferencias vía las remesas, hasta los movimientos por los canales formales de la banca y eso involucra a instituciones de Estados Unidos.

Es un hecho que esos grupos que operan pegados a la frontera común son armados por fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos.

Hay que entender que la posibilidad de denominar grupos terroristas a estas organizaciones para su “eliminación total” parte de otra indignante postura del régimen mexicano con los “abrazos, no balazos” que nos tienen de ambos lados de la frontera a merced del crimen.

Por la forma como se trafica el fentanilo, por lo que implica la presencia de materias primas asiáticas, por lo diversificado de las organizaciones criminales en territorio de Estados Unidos, lo más probable es que sea poca efectiva una medida así.Sin embargo, el impacto que busca Trump es mediático y así hay que entenderlo en la respuesta mexicana.

La invocación del “Másiosare” en la mañanera alimenta a la feligresía, claro. Pero lo real es que estas nuevas autoridades de seguridad del país, que ciertamente tienen otra visión de los problemas, sean pragmáticas en los acuerdos que logren con Marco Rubio en la cooperación bilateral.