El año pasado y este que inicia son apenas de resistencia ante las imprudentes políticas públicas de este régimen, que encontraron en el 2024 una cúspide de irresponsabilidad presupuestal
No sabemos cuál será el siguiente paso de Donald Trump respecto a México, ni en materia de seguridad, ni en temas comerciales.
El crecimiento descomunal que ha tenido la delincuencia organizada es una responsabilidad del Estado mexicano, aunque nada tengamos que ver con la política proteccionista del Presidente republicano, pero hoy ambos son riesgos reales de desestabilización estructural.
De lo que sí tiene plena responsabilidad el gobierno mexicano, y marcadamente la autodenominada Cuarta Transformación, es de haber perdido la salud de las finanzas públicas hasta llegar al momento actual en que prácticamente se agotó el tiempo de hacer las correcciones fiscales necesarias.
El tiempo es hoy el recurso más escaso para la economía mexicana que está en una encrucijada importante que combina las políticas estridentes de Trump, el silencioso pero devastador camino autoritario de la política interna y la posibilidad real de que México pierda el grado de inversión hacia el 2027.
Una degradación crediticia no es una noticia que pasa de largo es una referencia primordial para los mercados para saber que un Estado tiene o no la capacidad estructural de cumplir con sus compromisos. El problema es que los pilares que sostenían nuestra estabilidad se han agrietado de forma alarmante.
El principal factor que hoy acerca a la deuda mexicana a una eventual degradación crediticia es la situación de Petróleos Mexicanos. Este régimen revirtió la reforma estructural del sector energético en marcha por un respaldo presupuestal incondicional que hace de la distinción entre la deuda gubernamental y la deuda de Pemex una ficción contable, ambos pasivos comparten el mismo nivel de riesgo y no es bueno.
El Estado es el pagador de última instancia de una empresa paraestatal que consume capital sin generar retornos equivalentes y sus vencimientos programados para los próximos años, por más de 18,000 millones de dólares, son un tsunami para las finanzas públicas.
El crecimiento es débil, las expectativas de apenas 1.0% de expansión hacen del elevado déficit presupuestal algo insostenible. Porque, además, el proceso de consolidación fiscal prometido es hoy más una aspiración que una realidad y lo cierto es que el crecimiento de la deuda pública reduce los márgenes de maniobra ante cualquier choque externo.
El año pasado y este que inicia son apenas de resistencia ante las imprudentes políticas públicas de este régimen, que encontraron en el 2024 una cúspide de irresponsabilidad presupuestal.
El 2027 se perfila como un año de ruptura, cuando el costo financiero de la deuda claramente acapare una parte sustancial del presupuesto y entonces las tras grandes firmas de riesgo vean que México ya no es compatible con el grado de inversión.
Los efectos serían inmediatos: encarecimiento del crédito, presión en el tipo de cambio, salida forzosa de aquellos capitales obligados a invertir solo en papeles de calidad. Y muchos más.
Con el poco tiempo que queda el gobierno tiene que actuar de forma radical y, por primera vez, en el sentido correcto: plantear una reforma profunda en Pemex, que la reduzca y la privatice; una verdadera consolidación fiscal; y dar incentivos a la formalidad y la inversión.
Si eso suena imposible para el actual régimen, desafortunadamente el camino está marcado.
El año pasado y este que inicia son apenas de resistencia ante las imprudentes políticas públicas de este régimen, que encontraron en el 2024 una cúspide de irresponsabilidad presupuestal.
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