Fundidos en el SAT

Ricardo Peralta Saucedo estuvo entre los aspirantes a la Fiscalía anticorrupción que respondieron a la convocatoria del Senado de la República para designar al nuevo funcionario, tras la reforma constitucional que otorgaría plena autonomía a los órganos encargados de la procuración de justicia.

“Candidato de la UNAM”, como presumió en su momento, respaldado por una treintena de organizaciones de la sociedad civil y con experiencia en investigación policiaca —fue Ministerio Público en la PJG-DF y director de operaciones de la policía ministerial en el Estado de México—, este abogado, de 48 años de edad, cejó en sus intenciones a finales del año pasado, cuando tuvo la certeza de que AMLO llevaría a María de la Luz Mijangos a esa posición estratégica.

En vez de impugnar ese nombramiento, Peralta Saucedo se sumó a la Cuarta Transformación. Y aceptó unirse al nuevo gobierno como administrador general de aduanas. Su nombramiento saldría directamente de Palacio Nacional, sin el aval del secretario de Hacienda, ni de la titular del Servicio de Administración Tributaria.

Como muchos otros casos, el abogado alinearía su trabajo con las líneas estratégicas trazadas por Margarita Ríos-Farjat sobre la marcha. En parte por el frenesí de las primeras semanas de la nueva administración, pero sobre todo por el combate al huachicoleo, no hubo oportunidad para tal sincronización.

Las primeras señales del protagonismo del nuevo jefe de las aduanas —que de entrada prometió “extirpar la corrupción” de esa entidad y cerrar el paso al tráfico de armas— comenzaron a ser visibles por su hiperactividad en redes sociales. Y también, por su pronunciada zalamería.

“Presidente valiente”, bautizó a AMLO, tras las primeras semanas del cierre de ductos y el desabasto de gasolinas que afectó a media docena de entidades de la República.

Un añejo micrositio —que en el calderonismo fue habilitado como ventanilla digital para el comercio exterior— fue su principal canal de comunicación interna. Allí, el 6 de febrero del 2019 apareció un boletín (P009) que adelantaba el esquema de facilitación para la importación de hidrocarburos, consistente en su depósito hasta por 15 días en la aduana o en almacenes de depósito.

Se trataba —según definió Peralta Saucedo— de una instrucción presidencial… que omitió reportarle a la titular del SAT. El 22 de enero, a través de un oficio de la AGA, había oficializado la disposición, pero “no contó, como debía ser, con el conceso (sic) de las demás unidades administrativas y por ende tampoco con mi autorización y firma… Esa idea fue propuesta por Usted pero rechazada por el Presidente”, le reclamó Ríos-Farjat, en una amonestación –oficio 100-2019-101, fechado el pasado lunes 4– que documenta diversas faltas “no solo de forma, sino de fondo”.

Publicar boletines sin sustento jurídico fue una irregularidad recurrente en las primeras semanas de gestión del nuevo administrador general de aduanas. Y también, el uso de al menos dos cuentas en redes sociales, cuyos contenidos no fueron autorizados por la administración general de servicios a los contribuyentes, área encargada de la comunicación institucional.

El hiperactivismo mediático de Peralta Salgado es innegable. Sus anuncios explosivos —adelantó una nueva Ley Aduanera y la mudanza de la Administración General de Aduanas a Nuevo Laredo, por ejemplo– pero sobre todo sus “exclusivas” a dos periódicos capitalinos (Reforma y La Jornada), además de sus constantes viajes a ciudades fronterizas y sus transmisiones en tiempo real, sacaron de quicio a sus superiores.

“Se le solicita que cualquier solicitud de entrevista y atención a medios se realice a través de la AGSC”, le instruyó Ríos-Farjat, “esto no significa que no pueda usted atenderlas, al contrario, pero es la AGSC la que debe recibir y dar trámite institucional a esas gestiones. Le conmino, asimismo, a que prescinda de la estructura de comunicación alterna que opera en la AGA y en la Administración General de Comercio Exterior”.

Y es que el SAT documentó que funcionarios y empleados de la AGACE exteriorizan que “ya se van del SAT”, supuestamente al órgano desconcentrado de futura creación anticipado por el administrador general de las aduanas en recientes apariciones públicas. “Esta situación provoca un ambiente de confusión institucional que la suscrita ya ha conversado con Usted desde el inicio de la administración. Le reitero la solicitud de cesar ese tipo de rumores, que no benefician a la institución”, demandó Ríos-Farjat.

La titular del SAT le requirió en ese oficio que presentara el plan de compactación o reorganización de las áreas a su cargo. El plazo para cumplir con esa disposición vence este martes 11. Y sentenció: el reglamento interno del SAT, en las secciones de AGA y AGACE, no sufrirá cambio. Ergo: ambas instancias no se fusionarán “de momento”.

“Se le exhorta amablemente a no caer en alguna otra desatención, como en la que incurrió el pasado 16 de enero, cuando se le comunicó la decisión del secretario de Hacienda de separar del cargo al administrador central de investigación aduanera, y se hizo caso omiso de dicha instrucción”, cierra la comunicación.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿Y LA AUSTERIDAD? Por adjudicación directa, en una licitación restringida, la Secretaría del Bienestar asignó los servicios de limpieza integral de su sede central y otros cinco inmuebles —Reforma 51, Torre Misisipi 49, Cendi y Escuela Primaria Montes Azules, así como el Almacén General de Tepepan— que ocupa en la Ciudad de México. El contrato, que expira el próximo 30 de junio, representa una erogación de 4.5 millones de pesos. De haberse quedado con su proveedor saliente, la dependencia se hubiera ahorrado 1.3 millones de pesos.

ARRIESGADOS. El avión de Ethiopian Airlines que se desplomó el pasado domingo 10 era un Boeing 737 MAX 8 y Aeroméxico adquirió recientemente seis equipos similares. Después de consultarlo con el fabricante, decidió suspender temporalmente la operación de esas aeronaves, en tanto se cuente con información contundente sobre las investigaciones del lamentable accidente del vuelo ET302.