Fronteras taladradas

El contrabando es el principal problema en las aduanas y los puestos fronterizos de México. En el sur, la crisis humanitaria generada por las caravanas migrantes ha visibilizado la porosidad de la franja fronteriza de la que se han aprovechado las bandas delictivas dedicadas al tráfico ilegal de personas, armas y drogas.

En el último semestre —del 10 de octubre del 2018 al 10 de abril del 2019—, 47,426 migrantes cruzaron irregularmente la frontera sur, de acuerdo con un reporte elaborado por el alto mando militar y compartido con autoridades civiles hace dos semanas.

En el puerto fronterizo Suchiate I —reportó la comandancia de la VII Región Militar— fueron atendidas 15,552 personas por el Instituto Nacional de Migración, desde el año pasado; de éstas, 12,109 fueron beneficiadas con la tarjeta de visitantes por razones humanitarias y 3,443 optaron por cruzar de manera irregular, dentro de las caravanas migrantes. Por otros puntos de la frontera sur ingresaron otros 18,064 migrantes.

En el norte —detalla el reporte, conocido por la jefa del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, hace 10 días—, el flujo comercial y migratorio se ven afectados por actos de corrupción del personal que labora en las instalaciones aduanales y la injerencia de grupos delictivos.

“El aumento de la migración irregular ha dado lugar a una movilidad humana —emigrantes, inmigrantes solicitando refugio y asilo, refugiadas y asiladas, apátridas, migrantes y desplazados internos, víctimas de trata y tráfico de seres humanos y sus familias—, sin soslayar el tratamiento jurídico, social, político e institucional específico que cada categoría demanda”.

En ambas franjas fronterizas, puntualiza, es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional con las instancias involucradas con la seguridad, la procuración de justicia, la salud, el bienestar y la información. Y, sin duda, es urgente incrementar el número de efectivos militares, de la Policía Federal y del INM ante las recientes oleadas migratorias.

Pero en materia de control aduanero, los comandantes de las regiones militares de ambas franjas fronterizas coincidieron en su disposición de coadyuvar con las instancias legalmente responsables del ramo, sin sustituir sus funciones, con la visión de evitar escenarios de militarización y confrontación con la población civil.

Actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional y el SAT respetan los términos de un convenio de colaboración firmado hace un año, que faculta al mando castrense a disponer de los efectivos indispensables para proporcionar la seguridad física de las 44 instalaciones aduaneras, sin sustituir las funciones del personal a cargo del recinto fiscal.

Las oleadas migrantes —advierten— han rebasado las capacidades del personal militar desplegado en funciones de seguridad de dichas instalaciones.

De sur a norte, el tráfico de estupefacientes: mariguana, cocaína, drogas sintéticas, precursores químicos. De norte a sur, tráfico de armas (instrumentos generadores de violencia y de actividades ilícitas) y la migración indocumentada ha generado que el tráfico de personas se convierta en un negocio lucrativo y que paulatinamente se convierta en delincuencia organizada.

En el país existen 44 aduanas. La corrupción en las aduanas favorece el tráfico de armas, drogas, precursores químicos, numerario y mercancía en general.

El diagnóstico presentado a finales de abril ante la jefa del SAT identificó 22 instalaciones aduaneras que podrían quedar bajo control de personal militar.

Las aduanas porosas también han permitido desde hace casi tres décadas, la introducción de vehículos automotores semiusados, bajo el amparo de resoluciones judiciales. El mes pasado en Mexicali, Baja California, se llevó a cabo una audiencia en materia de contrabando por la importación de vehículos usados, pero no fue una audiencia cualquiera, sino la primera que se hace bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Estuvieron señalados 17 agentes aduanales y el importador por presunto contrabando, aunque la defensa argumentó que se respetaron las disposiciones comerciales internacionales establecidas en el TLCAN, los decretos de México, así como determinaciones provisionales y definitivas de juzgados y tribunales competentes. La restricción predominante para la importación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá tiene que ver con la protección a la industria automotriz de México y su aportación a la economía.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿2X1? El candidato ciudadano a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas, ha convocado a los jóvenes a un diálogo abierto y sin temas vedados. “A diferencia de otros candidatos, yo no tengo miedo a la voz de los jóvenes”, dice la invitación digital… enviada desde la cuenta del gobierno de Zapopan, Jalisco, que encabeza el alcalde naranja Pablo Lemus. Euzen es la agencia digital contratada por los involucrados y responsable del gazapo.

OMISOS. El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, y las administraciones municipales de la Riviera Maya han recaudado más de 900 millones de pesos, vía impuestos, que deberían servir para pagar la limpieza de las playas afectadas por la llegada del sargazo. En vez de encarar el problema, presionan a las autoridades federales para liberar recursos extraordinarios para solucionar esta crisis medioambiental. En todo caso, sería Protección Civil, de la SSC, quien podría atender la emergencia. Pero de que las instancias locales deben responder, nadie duda. Así es el cambio de régimen implantado por la 4T.