Después de una compleja batalla legal, el pasado 18 de junio Barbachano fue restituido en la posesión de los dos hoteles
El caso de los hoteles Mayaland y The Lodge At Chichén Itzá, situados en el corazón de la célebre zona arqueológica, es un descarado y violento despojo encabezado por el empresario inmobiliario Rodolfo Rosas Moya, consentido y encubierto durante la gestión del ex gobernador panista de Yucatán Mauricio Vila Dosal.
La afrenta criminal, derivada de una frustrada compraventa que incumplió Rosas Moya, pretendió ser legitimada bajo una orden peculiar de “aseguramiento” decretada por una autoridad corrupta que carecía de competencia legal: el ex fiscal de otro estado de la República, Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, un sujeto caracterizado por su pasividad y condescendencia con criminales de mafias internacionales quien, además, gestionó improcedentes órdenes de aprehensión contra los propietarios de ambos hoteles: Fernando Barbachano y sus hijos.
Víctima de estos atropellos, el principal afectado denunció a todos los involucrados en la farsa delictiva.
La investigación de los evidentes delitos se mantuvo totalmente paralizada por casi tres años, hasta que, en cumplimiento de una sentencia de amparo, se forzó al actual fiscal de Yucatán, Juán Manuel León, a ejercer la acción penal, pero solo la enderezó contra un apoderado legal de segundo nivel y no contra Rosas Moya, representante, accionista y administrador de la empresa R4.
Después de una compleja batalla legal, el pasado 18 de junio Barbachano fue restituido en la posesión de los dos hoteles.
Por increíble que parezca, los invasores se inconformaron con la determinación bajo la desquiciante patraña de que el Juzgado de Quintana Roo —donde se decretó el “aseguramiento”—, que ordenó la devolución de los inmuebles, pasó a ser “incompetente”.
Con eso se pretende la subsistencia del “aseguramiento” decretado por las mismas usurpadoras autoridades, dentro de una investigación en la que por “diversa ejecutoria” de amparo quedó establecido como verdad legal que no existe delito alguno.
No hay duda de que las fiscalías de los dos estados incurrieron en actuaciones irregulares graves que han provocado daños considerables a los propietarios de los hoteles: la de Quintana Roo por iniciar una investigación sin tener competencia respecto de hechos que no constituyen delito alguno, y la de Yucatán por paralizar la investigación del despojo permitiendo que una ocupación aviesamente ilegal se prolongara ¡40 meses! y omitir ejercer acción penal no solo por el despojo, sino por la administración fraudulenta contra el artífice de estas maniobras.
El rol de ambas fiscalías encuadra a la perfección en los precedentes de la Suprema Corte que agoniza en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, (y que comunicó el pasado miércoles), de manera que los perpetradores del despojo tendrán que rendir cuentas por sus actos criminales y las fiscalías por las incontables ilegalidades y corruptelas a que se prestaron…
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