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La designación del fiscal general de la nación ha de pasar, necesariamente, por la reflexión de si tendrá o no una policía investigadora (en Latinoamérica solo Colombia cuenta con un equipo reducido para casos relevantes).

Y es que el MP no investiga, sino que persigue casos ante tribunales.

El equilibrio necesario tiene tres patas: policía que investiga, MP que lleva los asuntos ante el juez y éste que decide.

Por debilidad institucional y social, un fiscal autónomo en México sería muy vulnerable si no tuviera el apoyo de policías y fuerzas armadas, porque sería más fácil cooptarlo y su independencia de nada serviría, como sí la del Poder Judicial.

Por jurisprudencia, las acciones y omisiones del MP son impugnables en amparo, ¿qué mayor control?

Si, pese a no haber sido votadas, las ONG deciden el fiscal, se generaría un poder antidemocrático jugando a ser contrapeso en una democracia representativa.

Un fiscal autónomo puede ser tan bueno persiguiendo al Poder, como (verbigracia Guatemala) desestabilizador del mismo.

Al Presidente lo controlan el Congreso y el Poder Judicial, ¿pero nadie al fiscal…?