Otra forma de operar de López Obrador desde su mayoría no calificada del Congreso se dio con el llamado Plan B de la llamada reforma electoral
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado cambios que alteren la letra constitucional desde su mayoría no calificada, lo ha hecho con diferentes objetivos.
Por ejemplo, cambió el espíritu de la Constitución en lo referente al sector eléctrico del país a través de hacer que su mayoría simple aprobara una ley secundaria que afectaba a las empresas particulares generadoras de energías limpias para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad.
No había ningún bien superior en esa decisión, simplemente cumplir con un capricho dogmático del presidente de regresar al México de los monopolios del Estado del siglo pasado.
Parecía materia fácil para una decisión judicial. Pero cuando el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el entonces presidente Arturo Zaldívar operó las cosas de tal forma para que aun sin tener los votos suficientes una ley secundaria pudiera regir sobre la Carta Magna.
Otra forma de operar de López Obrador desde su mayoría no calificada del Congreso se dio con el llamado Plan B de la llamada reforma electoral.
Cuando vio que, esa sí, no tenía la posibilidad de que sus ministros en la Suprema Corte la pudieran llevar a donde quería el mandatario, enderezó un ataque directo hacia las autoridades electorales.
La embestida terminó cuando en el Instituto Nacional Electoral se dio el relevo del consejero presidente y a esa posición llegó alguien que daba más comodidad al régimen.
López Obrador ha acumulado rencores, porque eso son, en contra del Poder Judicial y tras su intento fallido de controlar el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte a través de su ministra Yasmín Esquivel, emprendió una guerra abierta en contra de un poder que tiene la misma jerarquía constitucional que el Ejecutivo y el Legislativo.
Y ahora, en esta venganza en marcha en contra del Poder Judicial, en la que el régimen usa la poderosa herramienta del dinero para ejecutarla, el presidente ha echado mano constantemente del argumento de que si la Suprema Corte declara inconstitucional la desaparición de algunos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial “rompería el orden constitucional y afectaría la división y el equilibrio de poderes”.
Esta frase es peligrosa si esconde tintes autoritarios. López Obrador tiene claro desde un principio que afectar derechos laborales va en contra de la ley. A propósito, o no, el Senado ha cometido fallas en el debido proceso legislativo que facilitan la declaratoria de inconstitucionalidad.
Pero, si el discurso es que el Poder Judicial rompió el orden constitucional, ¿Qué permisos podría tomar el Presidente para reestablecer ese supuesto orden que se rompió?
Por eso, el aire fresco, el antídoto, el mejor mensaje que se pudo dar en esta coyuntura, llega desde dentro del oficialismo.
No es su voto en contra, porque no alcanzó, es la argumentación de la ministra en retiro y senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, quien advierte claramente que ahí hay un ataque desde dos poderes en contra de otro poder.
Deja en claro que hay una violación de derechos laborales, hay una explicación puntual de cada uno de esos fideicomisos, hay, pues, argumentos.
Esta explicación desde dentro del régimen debe desarticular cualquier intentona que se piense tras el previsible rechazo de la Suprema Corte a la violación de sus derechos.
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