Facciosos en Morena

¿Atrincheradas o arrinconadas? Convencida de que le asiste la razón jurídica, Yeidckol Polevnsky dio marcha atrás al “pacto de honor” que habría destrabado la crisis de liderazgo por la que transita Morena desde hace seis meses.

El estatuto partidista, invocado por la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional en funciones de presidenta, es letra muerta. La presidenta del Consejo Nacional, Bertha Elena Luján Uranga, convocó a los integrantes de ese órgano deliberativo —la máxima instancia partidista, según los documentos básicos— a una sesión extraordinaria, el pasado sábado 30 de noviembre.

La sesión anterior, ordinaria, ocurrió tres semanas antes, en vísperas del Congreso Nacional. Luján había solicitado licencia a su cargo, para buscar su reelección como consejera y ser elegible a la presidencia nacional. Pero una orden judicial canceló el proceso interno que ahora buscan reanudar, con denuedo, menos Polevnsky, quien sostiene que la reunión extraordinaria es ilegal, porque el estatuto, registrado ante el INE, mandata al consejo a sesionar cada tres meses y no contempla la figura de “consejo ampliado”.

¿Chicanadas en Morena? El 15 de noviembre, Polevnsky y Luján habían acordado expedir la convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario del partido, originalmente programado para el 24 de noviembre. Sin la firma de la lideresa partidista —quien quedó al frente de Morena cuando AMLO renunció a la presidencia del CEN para asumir la candidatura presidencial— ese documento carece de validez jurídica.

“No se trataba de una firma, se trata de un acuerdo que se tiene que realizar en el CEN, mismo que no se realizó porque la otra parte no aceptó nuestras propuestas, que eran meramente apegarnos a la legalidad, al estatuto y a lo que nos mandató la Sala Superior del tribunal electoral”.

Ante las resistencias de la presidenta en funciones, Luján Uranga convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional, a la que acudieron representantes de las entidades federativas que respaldan su candidatura a la dirigencia nacional de Morena. Allí fueron electos tres nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dos mujeres y un hombre, por equidad de género.

El presidente de esa instancia, Héctor Díaz Polanco, propuso realizar dentro de dos meses el pospuesto Congreso Nacional, para definir quién ocupará el cargo que actualmente detenta Yeidckol Polevnsky.

¿Juez y parte? Más allá de las facciones en disputa, ¿cuándo sería la elección del nuevo consejo, del que saldría el nuevo CEN? De acuerdo con ese plan —aprobado por unanimidad en el “consejo ampliado”—, los actuales consejeros mantendrían esa calidad al menos otros 10 meses. En las 32 entidades federativas ocurriría lo mismo.

De tal forma, entre los actuales consejeros —donde Luján tendría más leales que Polevnsky— elegirían a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, que de acuerdo con el estatuto pueden ser hasta 15 personas. Esa instancia quedaría a cargo de conducir el proceso de renovación de las instancias directivas del partido y, por ende, convocar a las asambleas distritales, los congresos estatales y el Congreso Nacional, que tendría lugar a finales del 2021.

Luján, al frente de Los Puros, busca rescatar la directiva de Morena que habría capturado Polevnsky. “Ésa es la misión que se han propuesto”, refiere un líder izquierdista del Estado de México, involucrado en estas maniobras, “y simultáneamente buscaremos recuperar el control de las bancadas morenistas en el Congreso de la Unión, de las que Ricardo Monreal y Mario Delgado se han agandallado”.

Los Puros, al rescate de Morena. Sin posibilidad de acuerdo entre los grupos en disputa, desde Palacio Nacional impulsarían una solución de punto final: llevar a un dirigente de izquierda, tabasqueño, con experiencia en las lides partidistas y 100% lopezobradorista a la presidencia del CEN. ¿Sus iniciales? Octavio Romero Oropeza.

Efectos secundarios

¿DESAFUEROS? El Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Aguascalientes detectó anomalías en el gasto ejercido por la alcaldesa de la capital hidrocálida, la panista Tere Jiménez, que van desde compras a sobreprecio —entre las más absurdas, un juego de llantas de 300,000 pesos—; obra deficiente en su ejecución y encargada a contratistas, sin el adecuado proceso; pagos a proveedores sin justificación, y una merma a los ingresos municipales —de 286 millones de pesos— por la desactualización del padrón catastral, en desapego a la Ley de Ingresos. Las observaciones de los auditores revelan favoritismos a proveedores, como la firma HERMT, a la que compraron vehículos para el servicio público por más de 28 millones de pesos, En esa licitación se encontró también falta de documentos y de estudios de mercado, entre otras irregularidades.