A la par de lo que hacía la CNDH, el anterior gobierno encarceló a 142 implicados en la desaparición de los estudiantes, de los cuales 77 fueron liberados en meses recientes, por haber sido maltratados en los interrogatorios
La nueva presidencia de la CNDH cerró la oficina especial, que había creado en 2014 la anterior presidencia para investigar el Caso Iguala, y dejó éste en manos de Primera Visitaduría, aun cuando este caso se trató de uno de los emblemas de campaña de la 4T.
Un sinsentido, pues un caso de esa magnitud (como es la desaparición de 43 jóvenes a manos del crimen organizado) dejará de ser atendido de manera prioritaria (para eso era la oficina especial) y sea seguido en un área que trabaja más casos.
Sin dudas, la anterior presidencia de la CNDH, encabezada por Luis Raúl Pérez, realizó un trabajo profesional y pormenorizado del Caso Iguala, con marcaje preciso y cuestionamientos puntuales sobre las pesquisas del gobierno, desde el mismo 27 de septiembre de 2014.
¿Por qué la actual presidencia no aprovecha lo trabajado ya por un sinnúmero de especialistas, y sepulta la oficina especial? Porque existe un afán desenfrenado por demeritar el pasado, olvidando que, para que todo cambie, algo debe permanecer.
Veamos parte de la amplísima investigación que llevó a cabo la oficina que hoy desaparece:
–672 entrevistas
–500 acciones de atención a víctimas
–Revisión de dos mil 927 intervenciones periciales
–11 solicitudes de medidas cautelares a diversas instancias
–Mil 890 requerimientos de información, en 258 oficios, a diversas autoridades de los tres poderes de los tres niveles de gobierno, a órganos y organismos públicos autónomos nacionales e internacionales, así como a particulares.
La práctica de las diligencias anteriores están asentadas en un expediente integrado por un millón 100 fojas, constantes en mil 255 tomos, a los que se encuentran agregados 165 anexos, según se puede consultar en los archivos de la CNDH.
Y, todo ello, para contribuir en la búsqueda de la verdad, que los responsables sean sancionados, lograr que los derechos de las víctimas sean reparados y exigir al Estado que se garantice la no repetición de hechos de esa naturaleza.
A la par de lo que hacía la CNDH, el anterior gobierno encarceló a 142 implicados en la desaparición de los estudiantes, de los cuales 77 fueron liberados en meses recientes, por haber sido maltratados en los interrogatorios.
Pero ya habían confesado Felipe Rodríguez Salgado, de Guerreros Unidos y ejecutor directo; Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez, Agustín García Reyes y muchos participantes más en el secuestro, asesinato y quema de los cuerpos.
Y el mejor laboratorio del mundo en pruebas de ADN identificó como correspondientes a normalistas, dos restos calcinados encontrados en Cocula, mediante el método científico más avanzado que existe: extracción de ADN mitocondrial.
Una labor titánica y profesional de muchas personas, que ahora se va al desván.
Porque todo empieza de cero.
Minuto a minuto
