Escombros en el Politécnico

Pasaron un año en la congeladora. Presentadas por sendos ciudadanos —cuya identidad quedará en reserva, en apego a las disposiciones jurídicas vigentes—, las denuncias eran prolijas en los detalles.

“¿Cómo es posible que el Instituto Politécnico Nacional haya pagado 16 millones de pesos para que le hicieran un diagnóstico por profesionales de la ESIA Unidad Tecamachalco sobre los daños causados a las edificaciones del Instituto por los sismos de septiembre del 2017 que se estimaron en casi 1,000 millones de pesos y después resultó que siempre no fue así, sino que fueron 300 millones de pesos”, reclamó uno de los quejosos al titular del área de quejas, denuncias e investigaciones del Politécnico, Juan Manuel Balmori Ramírez.

La estimación de los daños quedó en 250 millones de pesos. Los quejosos sostuvieron que la directiva de la institución tenía un contrato con AXXA por 1,900 millones de pesos.

El Órgano Interno de Control del IPN, cuyo titular es Julieta Olivia Muñoz Olmos, procedió a la investigación de las denuncias por la presunta disminución del valor de la prima que cobraría el IPN por los daños en las unidades académicas y administrativa.

La integración del expediente tardó un año. Y el pasado lunes 22 de febrero, según consta en sendos oficios con la firma al calce de Balmori Ramírez, los quejosos fueron notificados del acuerdo de calificación administrativa por la presunta comisión de faltas graves atribuibles al secretario administrativo del IPN. En términos del artículo 1000 de la Ley General de Responsabilidades vigente, la autoridad investigadora presentará el informe y remitirá los autos de expediente 2019/IPN/DE147 a la autoridad substanciadora, que será la que determine finalmente si hubo un daño a la nación por 389 millones de pesos.

¿Traducción? El caso será remitido al área de responsabilidades, a cargo de Rubén Gómez Montes de Oca, y hasta entonces procedería cualquier procedimiento sancionatorio. Ni más ni menos.

La Dirección General del Politécnico difundió —el pasado martes 23— una tarjeta informativa para negar que se hubiera condonado un pago a AXXA, empresa con la que la anterior administración había asegurado sus instalaciones.

Sobre el proceso administrativo contra Jorge Quintana Reyna, aclaró que hasta ese día no se había recibido alguna notificación. En dado caso, aceptó, “se aportarán todos los elementos necesarios para acreditar que se actuó con estricto apego a la ley” en la reconstrucción de los inmuebles dañados por los sismos del 2017.

La dirección de infraestructura en el IPN está vacante. Y tras de los señalamientos, el contador Quintana Reyna terminaría con una década de carrera como responsable de áreas presupuestales y financieras, misma que inició en el Conacyt y continuó en el Cinvestav hasta el 2015, cuando llegó a la subdirección de administración a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, con Mario Alberto Rodríguez Casas. Su renuncia como secretario de administración sería efectiva a partir del próximo 15 de marzo. Falta que Arturo Reyes Sandoval conceda esa salida y nombre al sustituto.

El cierre del expediente sobre el pago de las primas del seguro y otros casos —que también son investigados por la Función Pública— quedarían en suspenso.

Efectos secundarios
PRECISIÓN. Al iniciar la semana, en Guadalajara comenzó a circular profusamente un estudio de TResearch sobre las preferencias electorales que dejó poco espacio para las dudas: la contienda por el gobierno de la capital, que encabeza Ismael del Toro, tendrá a Movimiento Ciudadano y Morena como protagonistas. Y de acuerdo al reporte de Carlos Penna Charolet, el eventual triunfo de la 4T dependerá del candidato que postule. Así, mientras es casi un hecho que Del Toro será el perfil elegido en su partido, parece que a los morenistas les convendría ir con Carlos Lomelí Bolaños, pues la mayoría de los entrevistados, 35.1%, dijo que le daría su voto a la fuerza política, y de ellos, el 28.5% dijo que prefería al doctor en la boleta. Tampoco pasa desapercibido que el también empresario se reunió con representantes del SNTE que aglutinan a unos 150 mil maestros, quienes le manifestaron su respaldo.

AMPLIACIÓN. En una nave industrial ubicada frente a la nueva central camionera, en San Pedro Tlaquepaque, abrirá la primera de las seis instalaciones para verificar vehículos de pasajeros en la zona metropolitana de la capital tapatía. Las nuevas estaciones de inspección, en total 42 líneas, fueron concesionadas a DEKRA que además de unidades particulares deberá revisar las flotillas de autobuses en la zona y los vehículos de transporte de persona, así como los de carga. El primer centro de verificación entró en operaciones el pasado miércoles.