“No hay gente más feliz que los nietos de los grandes corruptos. En tres generaciones, ese lodo se convierte en pátina aristocrática”. No espere imparcialidad el que lea esta columna: quiero que Javier Duarte de Ochoa permanezca muchos años en la cárcel y también quiero que le quiten todo el dinero que se robó. El … Continued
“No hay gente más feliz que los nietos de los grandes corruptos. En tres generaciones, ese lodo se convierte en pátina aristocrática”.
No espere imparcialidad el que lea esta columna: quiero que Javier Duarte de Ochoa permanezca muchos años en la cárcel y también quiero que le quiten todo el dinero que se robó. El que esté a su nombre y también el que está en las cuentas de sus prestanombres y familiares involucrados.
Hablo del exgobernador de Veracruz como un símbolo. Cuando digo Javier Duarte pienso en muchos que son como él: funcionarios o funcionarias que abusaron de su cargo para acumular una enorme fortuna mientras arruinaron a su estado o la dependencia que tuvieron a su cargo.
Duarte es excepcional por lo escandalosa de su gestión. Durante su Gobierno, aprovechó su conocimiento financiero para multiplicar por 20 la deuda pública de Veracruz, ante la complacencia del Congreso local y las autoridades hacendarias. Su exhibicionismo en el shopping hizo que nos enteráramos de que adquirió departamentos en Nueva York, casas en Texas y ranchos en Veracruz.
Javier Duarte no está solo. No me refiero a sus cómplices, sino a muchos altos funcionarios que hicieron casi lo mismo que él, pero que tuvieron más suerte. Ahora están en libertad, gozando del dinero que se robaron y del respeto social que se otorga a los millonarios.
Acabar con la impunidad quiere decir muchas cosas. La pena carcelaria es necesaria para castigar a los corruptos, pero no suficiente. La confiscación de los bienes es clave para mandar el mensaje Urbi et Orbi: los corruptos tienen que acabar en la cárcel y pobres. ¿Les parece revanchista? Advertí que no sería una columna imparcial: los corruptos han gozado del privilegio de contar con las leyes y las leyes de la probabilidad a su favor. La probabilidad estadística de ir a la cárcel por corrupción es menor al 1 por ciento. El Estado recupera 0.3% de los activos desfalcados. El corrupto está seguro de que no irá a la cárcel ni le quitarán lo que se robó.
En la práctica, los actos de corrupción se convierten en una mejor vida para el corrupto y para su familia. El dinero mal habido les sirve para protegerse de la acción de la justicia.
¿Por qué es tan difícil confiscar los bienes robados por los ex funcionarios? En México, el problema tiene mucho que ver con la falta de coordinación de esfuerzos entre la Secretaría de la Función Pública, la PGR, el SAT y la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de un rompecabezas difícil de armar, mucho más cuando se introducen elementos que implican colaboración de gobiernos estatales o la existencia de bienes en el extranjero.
El problema no es exclusivo de México. Por ello, el Banco Mundial ha puesto en marcha una iniciativa, Stolen Asset Recovery, y el G20 tiene un grupo de inteligencia para el intercambio de información sobre activos de funcionarios corruptos. Recientemente, Brasil y España han creado agencias especializadas en la recuperación y gestión de activos robados. Hay mucho afán y pocos resultados. Hay también ocurrencias: en Argentina propusieron premiar con un porcentaje de lo recuperado a quien ayude a encontrar “el hilo de la hebra”. En Dominicana hay una iniciativa que propone que los bienes mal habidos pueden ser confiscados hasta 75 años después de cometido el delito. Me parece una exageración, pero recuerdo una frase que leí: “No hay gente más feliz que los nietos de los grandes corruptos. En tres generaciones, ese lodo se convierte en pátina aristocrática”.
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