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A la par que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a violar la ley al dar a conocer los supuestos ingresos de un grupo de periodistas y analistas de un medio de comunicación, su gobierno esconde desde ayer la información sobre los estados de emergencia del Sistema Eléctrico Nacional.

La esencia es la misma, buscar la opacidad, ya sea por la presión o el ocultamiento, es esconder las negligencias y corruptelas del gobierno al costo que sea y con garantías de que nada habrá de ocurrirles en el futuro por la lograda continuidad.

Al menos ya quedó claro que desde la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de la Función Pública no llegará ningún intento de iniciarle un procedimiento administrativo o juicio político a ninguno de los integrantes del gobierno que se va.

Como sea, hay la expectativa, quizá muy inocente, de que podría haber una visión diferente en el ejercicio del poder durante la siguiente administración.

Al menos en materia de energías, se esperaría que las notorias diferencias en la formación académica de la cabeza de gobierno y sus colaboradores permitan el regreso, no de las inversiones productivas, pero sí al menos del sentido común.

La cancelación, desde ayer, de los informes sobre los estados de emergencia del Sistema Eléctrico Nacional impide conocer de manera pública, como lo era hasta este pasado miércoles, la cantidad de energía con la que se cuenta ante eventuales cambios en los niveles de demanda, vamos, para prevenir cuándo pueden llegar los cortes al suministro eléctrico.

Si el régimen de López Obrador esconde esto no es por un asunto de seguridad nacional, como gusta argumentar cada vez que ha escondido datos cruciales, es para que no lo critiquen por los apagones, es básicamente para cuidar la imagen presidencial.

Mayo pasado fue un mes de constantes interrupciones en el servicio, y millones de personas se quedaron sin electricidad, la información fluía gracias a ese reporte público en el sitio web del Centro Nacional de Control de Energía.

La falta de información suficiente sobre el sistema eléctrico, explica el doctor en Ciencias y experto en temas de energía (mismos títulos de la virtual Presidenta electa), Víctor Ramírez, puede implicar daños millonarios para la industria.

Los estados operativos permitían al sector industrial calcular cuándo y dónde habría problemas y con ello tomar medidas, incluso programar paros técnicos.

No es cuestión sólo de que “se vaya la luz” y sea molesto en el hogar, es el hecho de que muchos equipos industriales altamente especializados pueden sufrir daños con cortes repentinos, no anticipados, del suministro eléctrico.

La siguiente administración habla del nearshoring como un anhelo para aumentar el desarrollo y el crecimiento. Sin embargo, a los problemas de seguridad pública y jurídica que deja sembrados este gobierno, hay que añadir el conocido problema de la falta de energía eléctrica suficiente, constante y a precios competitivos.

La cereza en el pastel es que al mal servicio eléctrico que recibimos hay que añadir el factor sorpresa de que no sabremos cuándo vendrán los cortes.

¿Hay razones sensatas para pensar realmente que con el siguiente gobierno se podría volver a ver la luz en estos asuntos?