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México es una economía mixta donde se respeta la inversión privada, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay que ver qué entiende por economía mixta y qué entiende por respeto, porque si lo vemos desde la perspectiva de su política energética realmente lo mixto es algo así como todo el pastel para su transformación y las migajas que caigan para la iniciativa privada.

Y del respeto ni hablar con la violación a los contratos de empresas nacionales y extranjeras que se creyeron aquello de la reforma energética del sexenio pasado y hoy se enfrentan a este viaje al pasado del control estatal de los energéticos.

Por lo pronto esta semana ya se dio el banderazo de salida a dos de los cambios más controvertidos que busca la 4T en lo que resta de esta administración.

Uno de ellos, inspirado en los malos resultados electorales de Morena y sus aliados en las pasadas elecciones, es la reforma electoral. Esa que desde el gobierno de López Obrador conciben como el descabezamiento de cualquier funcionario autónomo y crítico en las instancias electorales y que ya dio su primer paso con la creación de la Comisión para la Reforma Político Electoral en la Cámara de Diputados, que estará a cargo, claro, de Morena.

El otro cambio constitucional que buscará el Presidente es en materia eléctrica. Se trata de una contrarreforma que alcance a la Constitución para echar para atrás toda esa participación de los particulares en la industria eléctrica que tanto molesta al presidente en su concepción de “economía mixta”.

El gobierno de López Obrador intentó primero echar para atrás la reforma eléctrica con un decreto que rápidamente fue bloqueado por el Poder Judicial. Después lo intentó a través de modificar leyes secundarias, para ello sólo bastaba la orden a su obediente mayoría legislativa. En este caso los recursos legales por la inconstitucionalidad de esa medida están en marcha.

Y ahora van por el intento de meterle mano a la Carta Magna para que la Comisión Federal de Electricidad despache primero su energía eléctrica sobre los particulares, sin importar si es más cara, proveniente del carbón o el combustóleo, y con ello limitar a los particulares, así éstos generen electricidad más barata usando el sol o viento.

Pero este intento de eliminar la competencia, afectar a empresas privadas que ya han invertido miles de millones de dólares en México, de privilegiar las energías sucias sobre las limpias, en plena crisis de calentamiento global, no será posible si no construyen una mayoría calificada.

Ahí está la bancada obediente del Presidente, en los partidos Morena, del Trabajo y Verde, pero a pesar de esa incondicionalidad ciega no son suficientes para cambiar la Constitución.

Para que el presidente López Obrador logre cambiar la Constitución y consiga la sumisión del Instituto Nacional Electoral y el regreso del monopolio eléctrico, necesita de otros partidos políticos.

La gran interrogante es si la 4T se lanza al ruedo legislativo sin un cálculo de poder obtener los votos suficientes y con ello quedar en evidencia, o si bien la reciente integración de las comisiones en la Cámara de Diputados nos adelanta que las contrarreformas de López Obrador pueden quedar hechas un primor.