No hay manera de que un informe de la ASF le cuadre al Presidente. Este año, con el reporte del 2020 otra vez quedó claro que a la 4T no le gusta la rendición de cuentas
Cuando hace un año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el análisis de la Cuenta Pública del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente se encolerizó por lo que este órgano técnico de la Cámara de Diputados había encontrado en torno al enorme sobrecosto por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
La ASF dio a conocer un sábado que la cancelación del NAIM había tenido un sobrecosto de 232% superior al estimado, lo que implicaría 331,996 millones de pesos.
El Presidente, muy enojado, le corrigió la plana a la ASF que apenas dos días después del amplio informe anual dio la razón al Presidente de que estaban mal. Al final, la ASF dejó el costo de la cancelación del NAIM en 113,327.7 millones de pesos que era una cifra que ya cuadraba en el ánimo presidencial, aunque sigue siendo mucho dinero tirado a la basura.
No hay manera de que un informe de la ASF le cuadre al Presidente. Este año, con el reporte del 2020 otra vez quedó claro que a la 4T no le gusta la rendición de cuentas.
De entrada, en este y en todos los gobiernos anteriores, un Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública no implica una acusación directa de corrupción. Ahí se pueden incluir omisiones y fallas que por impericia o mala fe se hagan en el manejo de los recursos públicos.
El Presidente debería sentirse complacido de que hay una entidad en otro poder del Estado que le ayuda a tratar de mantener su discurso de honestidad. Pero no, López Obrador se enoja.
En el informe 2020 de la ASF vuelve a aparecer el proceso de cancelación del NAIM con gastos extemporáneos. El aparato propagandístico le dedica amplios espacios a Seguridad Alimentaria Mexicana con irregularidades por casi 8,700 millones de pesos. Hay también recursos no aclarados por 3,500 millones de pesos destinados al combate de la pandemia.
Pero lo que más puede al Presidente es que se cuestionen las fallas, omisiones o irregularidades en sus banderas: las obras faraónicas y los programas asistencialistas.
Sobrecostos y retrasos en las obras de la refinería de Tabasco, en el aeropuerto de Santa Lucía y en el tren que parte la selva. Son cuestionamientos que atañen a la competencia del ejército.
Y de sus programas asistenciales, en Sembrando Vida no aparecen unos 18,000 supuestos beneficiarios y otros 20,000 no han demostrado si plantaron arbolitos o en qué usaron el dinero.
Los informes de la Auditoría Superior, tanto como los trabajos periodísticos documentados, son herramientas para la transparencia que el Presidente debería ver como respaldos para poder cumplir sus promesas de campaña.
López Obrador no debería encolerizarse ni atacar al mensajero, a quien procura mantener una necesaria rendición de cuentas de los recursos públicos, en un país donde se prometió que ya no habría corrupción, derroche, amiguismo, tráfico de influencias, familiares corruptos, lujos, sólo un par de zapatos y 200 pesos en la cartera.
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