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El presidente Andrés Manuel López Obrador se enoja con la amplia oposición a su intentona de reforma electoral. Reacciona y distrae con una respuesta propia de un libro de texto de propaganda.

Nadie como él podrá llevar a cabo una marcha multitudinaria, una más numerosa y que seguramente ocupará los titulares y espacios amplios en las pantallas. Pero lo que hay que seguir, ahora que parece haber desistido de intentar cambios constitucionales, es el dinero.

El dinero, claro, de lo que cueste una movilización como la que ordenó el Presidente. Va a costar muchos recursos el poder llenar las calles de la Ciudad de México, sobre todo cuando lo que se quiere dejar claro es que al rey de la marcha nadie le gana.

Sí, hay que seguir el uso del presupuesto, no tanto para financiar la marcha de la revancha, porque no servirían de nada tener pruebas contundentes para pedir un castigo por algún mal uso de los recursos públicos.

Ante la imposibilidad de hacer cambios constitucionales para que el Presidente se quede con el control total del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de una mayoría absoluta y automática en el Congreso, lo que sigue es neutralizar al árbitro electoral con el presupuesto.

El mejor ensayo del ahorcamiento presupuestal al INE se dio en la asignación de recursos para este año en que se llevó a cabo la revocación de mandato.

De entrada, fue un ejercicio inútil. Sirvió, como servirá la marcha que viene, para alimentar el ego presidencial, porque realmente nadie pedía la destitución de López Obrador.

Al final, la revocación de mandato se torció en la pregunta, con el aval de la Suprema Corte, hacia un ejercicio de ratificación de mandato, que tuvo también el objetivo de medir las reacciones del instituto electoral que se vio asfixiado, con recursos insuficientes, ante la obligación constitucional de organizar esa consulta.

La imposibilidad de instalar todas las casillas en ese ejercicio desanimó a muchos ciudadanos de trasladarse a ubicaciones lejanas y quizá hasta saturadas para ejercer su derecho. Con excepción de aquellos que estuvieron obligados a acudir y que formaron parte de ese apenas 18% de electores registrados que apoyaron con 90% de respaldo al Presidente.

Es prácticamente un hecho que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024, que habrá de discutirse en noviembre del próximo año, habrá un recorte bestial a los recursos que solicite el INE para el año electoral. Tal como ya lo sufrió en el presupuesto del próximo año cuando inicia formalmente el proceso electoral.

Además, el plan B de reformas en leyes secundarias que intentará el Presidente, de las que aparentemente ya desistió de recurrir a la Corte para darle la vuelta a la Constitución, incluirá medidas que tienen que ver con el dinero disponible para las campañas de sus opositores.

Ésta será una forma de intentar influir directamente en el proceso electoral, ahora que ya no queda ninguna duda de las intenciones que tiene Andrés Manuel López Obrador de tratar de garantizar la retención del poder presidencial y legislativo en los siguientes comicios presidenciales.

Es prácticamente un hecho que, en el presupuesto del 2024 habrá un recorte bestial a los recursos que solicite el INE.