La firma calificadora no se mete en embrollos electorales, pero sí describe dos escenarios, uno de caída libre hacia la degradación que sería producto de una continuidad de las políticas públicas que hoy se aplican
Una de dos, o la austeridad franciscana del régimen provocó que a la Secretaría de Hacienda ya no le alcance para contratar buenos traductores o de plano el comunicado de Standard and Poor’s (S&P) sobre la ratificación de la calificación crediticia lo redactaron los propagandistas y no los técnicos.
Porque una cosa es lo que presume Hacienda y otra lo que da a conocer la agencia calificadora. Lo único que coincide es el título: Se ratifican las calificaciones de la deuda mexicana, en “BBB” en moneda extranjera y “BBB+” en pesos, y con perspectiva Estable.
Lo que realmente advierte Standard and Poor’s, más allá de la ratificación, es el hecho de que México puede perder esta calificación y sufrir una degradación si hay un retroceso en el manejo macroeconómico en las relaciones con los socios del T-MEC.
S&P se adelantó al acto político-partidista de ayer en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esa larga lista de iniciativas de reformas legales sin sentido ni estudios de viabilidad, que justamente apuntarían a un retroceso en materia fiscal y sin duda a una confrontación con Estados Unidos y Canadá por la violación a la letra del acuerdo comercial.
La propia firma calificadora con sede en Manhattan entiende que la jugada de ayer del Presidente no tiene posibilidades de transitar por el Congreso en esta parte final de su mandato, pero sí advierte de la atención que pondrán en la siguiente administración presidencial y Legislatura con respecto a esta batería de propuestas.
La firma calificadora no se mete en embrollos electorales, pero sí describe dos escenarios, uno de caída libre hacia la degradación que sería producto de una continuidad de las políticas públicas que hoy se aplican.
Y otro, con miras incluso a mejorar la calificación crediticia, que se proyecta exactamente en sentido contrario del régimen actual y apunta a una administración política y económica efectiva.
La advertencia de S&P es que si México da saltos para atrás en su estabilidad macroeconómica (reforma de pensiones) o tiene disputas con sus principales socios comerciales (reforma eléctrica) debilitaría la confianza de los inversionistas y en menos de dos años pierde el grado de inversión.
Pero hay algo más en la comunicación de S&P que en Hacienda no pudieron traducir de forma adecuada, advierten que déficits gubernamentales persistentes, y hacen mucho hincapié en 5% de este año, pueden conducir a incrementos en la deuda mayores a los esperados que impliquen riesgos fiscales.
Y por supuesto que S&P apunta que una forma de dirigirse hacia la degradación crediticia tiene que ver con el riesgo que implican los apoyos extraordinarios a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Claro que también S&P echa algunas porras al manejo macroeconómico que le da oportunidad de mantener la deuda mexicana en los últimos escalones de lo que se conoce como el grado de inversión.
Tampoco era posible pensar que sólo apuntara a las calamidades y al mismo tiempo mantener su recomendación de comprar deuda mexicana.
Respecto al contenido del comunicado de Hacienda, pues realmente no hay nada diferente a lo que se puede escuchar en cualquier mañanera, o en las conferencias de los muy políticamente activos funcionarios de esa secretaría.
Minuto a minuto
