El freno de las inversiones no sólo se da en las empresas del sector energético, sino en los sectores de uso intensivo de energía y entre todas aquellas compañías que sí creen que la ley es la ley
¿Cuánto le cuesta al país que Andrés Manuel López Obrador pueda decir que nacionalizó las plantas eléctricas de Iberdrola?
Las facturas son muchas y caras.
Primero, hay un costo que no por ser una constante en este régimen deja de ser algo muy negativo. La palabra presidencial se vuelve a torcer para afirmar algo falso. La venta de 13 plantas de generación de energía eléctrica de Iberdrola se hace a un fideicomiso privado, gestionado por Mexico Infrastructure Partners, donde tiene participación el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), es una operación entre privados.
No hay tal nacionalización, pero al presidente López Obrador le urgen ese tipo de referencias, para su discurso proselitista y para su biografía. El problema es que se suma a la larga lista de imprecisiones no verdaderas de su régimen.
La factura del costo fiscal, no sólo de lo que habrá de implicar en términos de recursos públicos para aportar al pago de los 6,000 millones de dólares en los que la española Iberdrola vendió esos activos, el gobierno aportará vía el Fonadin, sino todo lo que implicarán las transferencias crecientes a Pemex y a la CFE, que no mejoran su desempeño.
Es altamente costoso porque evidencia la obsesión presidencial por el estatismo y los monopolios energéticos, que no sólo son contrarios a las prácticas globales, con Cuba y Venezuela en la lista de las economías abiertas a la inversión, sino que además hay un marcado privilegio por las energías fósiles y contaminantes.
La matriz energética está cambiando en todo el planeta, por necesidades geopolíticas y ecológicas, y el México que ve López Obrador le apuesta al combustóleo, el carbón y las gasolinas.
Es muy oneroso para el país porque vivir con la obsesión energética de mediados del siglo pasado aleja a México de las metas globales contra el cambio climático. Y, al mismo tiempo, le hace el favor a las tan denostadas empresas privadas extranjeras para que cumplan las metas que les imponen sus gobiernos.
Seguro que en la empresa Shell Oil Company destaparon varias botellas de champaña cuando vendieron a Pemex su participación en la refinería de Deer Park, en Texas. No solo obtuvieron 596 millones de dólares, también traspasaron la propiedad con todo y las deudas, además, Shell se convirtió en el proveedor del petróleo a refinar durante 15 años y de paso cumplieron con una de las metas de reducción de emisiones de carbono del gobierno de Países Bajos.
Iberdrola, la conquistadora como dicen los voceros oficiales, lima asperezas con la visión dogmática del régimen mexicano, traspasa el riesgo de operación a su cliente único, obtiene liquidez para su verdadero plan de expansión hacia las energías limpias y reduce significativamente su huella de carbono.
Pero el daño mayor es a la confianza. El régimen de López Obrador se muestra capaz de hacer lo que sea, al costo que sea, legal o económico, para satisfacer sus dogmas.
El freno de las inversiones no sólo se da en las empresas del sector energético, sino en los sectores de uso intensivo de energía y entre todas aquellas compañías que sí creen que la ley es la ley.
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