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El costo de oportunidad para el gobierno de Estados Unidos de iniciar algún tipo de persecución penal en contra de las autoridades de un país que es su principal socio comercial y que además ha hecho una labor excepcional como suplente de la Border Patrol, es simplemente tan alto que lo mejor es voltear la mirada a cualquier otro lugar.

Total, entre los cálculos que se pueden hacer desde la misma Casa Blanca es que este gobierno termina ya en siete meses.

Sin embargo, el hecho de que en el nombre de la buena vecindad no haya ningún tipo de expediente abierto, no significa que en aquel país puedan censurar las denuncias de los medios de comunicación sobre las sospechas de presuntos vínculos criminales.

Puede estar seguro el presidente Andrés Manuel López Obrador que su mejor aliado para echar abajo cualquier investigación respecto a presuntos nexos con grupos delincuenciales será el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Lo que no se puede obviar son las consecuencias de la violencia, la inseguridad y la falta de Estado de derecho en las decisiones de inversión de los capitales extranjeros, básicamente estadounidenses.

Esa coincidencia entre la política de “abrazos no balazos” y el aumento de la criminalidad, de la proliferación de territorios completos dominados por los grupos del crimen organizado, son una razón suficiente para no invertir en México.

Algunos medios de comunicación de Estados Unidos no dieron eco a las acusaciones de vínculos de grupos del crimen organizado con la campaña del hoy Presidente. Hubo cierta reacción a la violación de los datos personales de la corresponsal de The New York Times, pero lo que sí se ha divulgado ampliamente allá son los videos de los asaltos a mano armada en las principales autopistas del país a plena luz del sol.

La opinión pública ve en esas imágenes el nivel de impunidad que priva en México, mientras que los potenciales inversionistas que ahora mismo analizan una relocalización de las cadenas productivas conocen además los datos que ilustran la crisis de seguridad en este país.

Saben perfectamente bien del reporte de 7,862 secuestros de camiones en las carreteras mexicanas el año pasado, conocen que esta cifra es 3% más alta que la del 2022 y calculan cuántos casos no habrán sido denunciados o contabilizados.

Dimensionan que en lo que va del sexenio de López Obrador se han robado 84,000 camiones de carga, algo así como 46 atracos diarios.

En fin, tienen datos de las extorsiones, el robo a sus empleados en el transporte público, contabilizan como pérdida la corrupción de las autoridades.

Si algo le interesa a Washington es mantener una relación cordial y fluida con el gobierno del país que más migrantes y drogas ilegales le manda. Es indispensable para la propia estabilidad económica de aquel país tener un buen entendimiento con el Presidente de la nación que más mercancías exporta a su territorio.

Además, allá también lo tienen claro, este Presidente ya se va.

Pero la perspectiva de los inversionistas es otra. Los costos de invertir en un país con un Estado de derecho tan frágil, con tal permisividad a la delincuencia organizada y con altos niveles de violencia son una barrera para muchas inversiones.