Si las iniciativas presidenciales no pasan por el necesario filtro opositor, podrá vender las derrotas en el Congreso como la demostración de la intransigencia de los conservadores ante su agenda de la cuarta transformación
La agenda de cambios constitucionales que buscará el Presidente durante la segunda mitad de su mandato y la manera de presentarlos parecen más una provocación que una búsqueda de negociación política.
Si las iniciativas presidenciales no pasan por el necesario filtro opositor, podrá vender las derrotas en el Congreso como la demostración de la intransigencia de los conservadores ante su agenda de la cuarta transformación.
Y si logra que alguna de ellas transite, sólo habrá sido posible a través de romper el bloque opositor que ya funcionaba en el Senado y que se refrendó, sin Movimiento Ciudadano, para las pasadas elecciones.
Y aunque la política es negociación el presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere la confrontación y llegará al Congreso con tres iniciativas que ya fueron previamente descalificadas por los opositores.
Antes de las elecciones, cuando el Instituto Nacional Electoral puso un alto a algunas de las prácticas abusivas del morenismo, como la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, desde la 4T llegó la amenaza de destruir al INE.
Y en ese ánimo es que el Presidente quiere que el instituto electoral esté conformado por “auténticos demócratas” y que “no domine el conservadurismo”. Y de paso, quiere desaparecer a los 200 diputados plurinominales, que de no existir hoy le habrían garantizado esa mayoría calificada para hacer y deshacer la Constitución.
No habría manera alguna de que los diputados y senadores que no están bajo el yugo presidencial pudieran aprobar algo así. Salvo que, claro, el gobierno de López Obrador buscara impulsar un voto de unidad… Sí, estimulado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Un segundo cambio constitucional que buscará el Presidente no es algo nuevo. Ya lo intentó a través de un decreto y lo paró el poder Judicial. Ya lo buscó a través de las leyes secundarias y otra vez, con amparos, lo detuvieron los jueces.
Va ahora por una reforma constitucional que privilegie a la Comisión Federal de Electricidad a costa de frenar a los participantes de la iniciativa privada y con cargo a los consumidores.
Tampoco puede haber manera de que el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y ni siquiera los del PRD, pudieran darle tal balazo en el pie a la credibilidad, desarrollo, economía y viabilidad eléctrica del país a través de hacerle una reforma a la medida de lo que pide Manuel Bartlett.
Su tercera pretendida reforma constitucional es para quitarse la máscara por completo de esa militarización en la que el Presidente ha metido a México. Son constructores, administradores, vacunadores, transportistas y demás. Lo que sigue es que en la Carta Magna quede que también son los responsables de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
Esta es más un formalismo, porque el ejército y la Marina ya patrullan las calles, pero es una muy delicada decisión sobre validar cuáles son los roles que deben jugar las fuerzas armadas en este país. No hay manera sensata que ese cambio constitucional pase.
El Presidente no va a negociar, quiere imponer su agenda y en el camino quiere obtener el beneficio que le deje esta lucha que provoca para medir fuerzas.
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