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Es totalmente lógico que en este trayecto de 40 años de vida el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática haya perdido sus funciones relacionadas con la tecnología de la información cuando hoy cualquier teléfono inteligente tiene más capacidad que la mejor computadora de 1983.

Lo que nunca debe perder el hoy Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es su autonomía.

Es una ventaja para el Inegi que realmente al presidente Andrés Manuel López Obrador no le importen la mayoría de los datos económicos del instituto. Inventó en algún momento que iba a imponer un índice de la felicidad, como no pudo, él vive en el mundo de los otros datos.

Al mismo tiempo, el régimen sabe que si quiere mantener la estabilidad macroeconómica lo primero que tiene que cuidar es la credibilidad de la información estadística del país. Porque una cosa es que la feligresía crea y repita que vamos requetebién y otra muy diferente es que el mercado no detecte la más mínima desviación maquillada en los datos.

Pero el Inegi es mucho más que la medición del Producto Interno Bruto o la inflación. Es un hecho que, en muchas de esas mediciones altamente útiles, pero a veces incómodas para el gobierno, sí ha habido una intervención desde Palacio Nacional a través del presupuesto.

El recorte presupuestal al Inegi desde el primer Paquete Económico de esta llamada cuarta transformación a finales del 2018 ya afectó la estructura salarial y muchos proyectos de información del instituto.

Con la mal llamada austeridad republicana, que se degradó hasta la pobreza franciscana, el Inegi canceló más de una decena de proyectos de información, entre los que están el censo agropecuario, la encuesta de acceso a la información pública y protección de datos personales, la encuesta de consumidores de sustancias psicotrópicas, la encuesta de micronegocios o la encuesta de trabajo infantil, entre muchas otras.

Ésta es una forma de intervenir en la autonomía de un organismo al que le amarran las manos para que no pueda medir el desempeño de un gobierno, más allá de los datos básicos de la economía.

Este régimen encontró al Inegi con un presupuesto, que ya era limitado, de 12,600 millones de pesos en el 2018 y lo ha recortado de manera sistemática e irresponsable hasta 9,900 millones de pesos de este año. Todavía del 2022 al 2023 le quitaron otro 15.4% de presupuesto.

El Inegi es una fuente de información y no puede hacer política partidista con los datos que obtiene, quizá por eso haya molestia en palacio cuando no promocionan una baja en el registro de muertes violentas, pero sí se hace viral que 64% de la población de más de 18 años en este país cerró el año con miedo de vivir en sus ciudades.

La autonomía es el mayor activo que tiene un instituto como el Inegi. Es confiable no por sus supercomputadoras sino por la credibilidad de los datos que divulga.

Como dato curioso, hasta la madrugada de ayer aparecía en la portada de su sitio en Internet que la información sobre los feminicidios en México era la más buscada en el sitio del Inegi, repentinamente esa información desapareció para dar paso a un bonito y austero mapa de México. Seguro una casualidad.