La que queda peor parada con el lance premeditado del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar a conocer la decisión de política monetaria del Banco de México es su gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, así de claro.

Como cortina de humo, los argumentos tras la intromisión del jefe del Ejecutivo en una atribución del autónomo banco central mexicano es que con el simple hecho de anunciar la decisión de política monetaria López Obrador no violó la autonomía del Banxico.

Pero hay leyes pisoteadas con ese lance y hay pésimas señales para los que ya anticipaban ese incontrolable deseo de querer tener todo el poder, asumir todas las decisiones, descalificar a quien no esté de acuerdo con él y que no haya autonomías ni poderes independientes.

Todavía hasta los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el Presidente era el Banco de México. Pero hoy ya no. De hecho, el próximo viernes el Banxico cumple 28 años de autonomía, misma que se había respetado durante estas casi tres décadas.

Hay que entender muy bien lo delicado del episodio que ocurrió en la mañanera de ayer cuando el Presidente adelanta información confidencial sobre la decisión asumida por la Junta de Gobierno de incrementar en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria.

No puede quedar sólo como una anécdota más de los tiempos autoritarios que vive el país y de ese afán autocrático que corre en contra de un país democrático y de instituciones.

López Obrador recibió la información confidencial del aumento hasta 6.5% de la tasa de referencia y decidió darla a conocer sin tener facultades para ello. Esto violó la Ley del Banco de México. El artículo 45, párrafo quinto, dice a la letra: “Quienes asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación”.

Pero además esta violación implica consecuencias contempladas en la misma ley. El artículo 43 marca las causas de remoción de un integrante de la Junta de Gobierno y en su fracción V describe que será removido quien utilice en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización de la Junta de Gobierno.

Si al interior del banco central quieren respetar la Ley y mantener su autonomía tiene que haber una revuelta interna para llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto, antes de que abra la puerta a intervenciones más directas de quien claramente no desea otra cosa.

Pero por lo pronto, la responsabilidad recae directamente en su gobernadora. Primero, porque este episodio inédito de intromisión de un Presidente se da apenas tres meses después de la llegada de Victoria Rodríguez a la máxima posición del Banxico y después porque para nadie es un secreto la cercanía de la gobernadora con el presidente López Obrador.

No se puede minimizar el capítulo de la filtración y la clara mala intención presidencial de adelantar él y solo él la decisión de un organismo autónomo.

Es una violación a la autonomía del Banco de México, la primera evidente y tiene que ser tratado y considerado como un foco rojo en un país de instituciones y democrático.