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Esta semana se cumplieron los 75 días de consulta que el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece para encontrar alguna salida negociada a la queja de los dos socios del norte por las restricciones mexicanas al maíz amarillo modificado genéticamente.

Lo que sigue, y tal parece que Washington ya está en ello, es el establecimiento de un panel de solución de controversias, donde un grupo de expertos decide quién tiene la razón y las consecuencias pueden ser sanciones económicas para México en la forma de cuotas compensatorias.

El gobierno de López Obrador ha intentado ganar tiempo con un tema que carga la loza dogmática del sexenio, así como la resienten la política energética o los libros de texto gratuitos. Esa creencia de que sus ideas son las únicas válidas y que todo aquel que piense diferente está mal, es corrupto y malintencionado.

El grupo de “científicos” del pueblo bueno encarnado en la persona de López Obrador decidió que el maíz modificado genéticamente y el herbicida glifosato van de la mano y son dañinos para la salud.

En la propia página web del gobierno de López Obrador hacen referencia a “numerosas investigaciones científicas” y lo más cercano que ofrece a una fuente es la televisión alemana Deutsche Welle.

Lo que pesa, y mucho en el ánimo de los dogmáticos que influyen en los dictados de estas políticas de López Obrador, es la aparición de los nombres de las empresas internacionales que han sido blanco tradicional de los grupos radicales, como Monsanto.

El problema es que entre las numerosas investigaciones científicas que consultó esa ala radical del gobierno para decretar el veto a la importación de maíz amarillo no consultaron aquella que indica que no es concluyente el vínculo entre la modificación genética a este grano y la aparición de algún tipo de cáncer.

Ha habido incontables debates médicos y científicos en el mundo sin conclusiones irrefutables. Pero en el ámbito de la economía y el comercio, hay que tener claro que ya Estados Unidos se impuso a la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio cuando aquella unidad de países intentó usar los mismos argumentos que hoy recicla el gobierno de López Obrador.

El punto es que, a diferencia de la disputa en el sector energético, que también podría desencadenar en un panel del T-MEC, el caso del maíz genéticamente modificado involucra a miles de productores y con ellos a millones de trabajadores que, resulta, también son votantes.

No se puede permitir el aspirante a la reelección estadounidense, Joe Biden, dar la impresión de que no presiona lo suficiente a México y más cuando claramente los argumentos de su socio del sur son totalmente absurdos.

La gran idea del régimen mexicano era crear un grupo de expertos de la Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos y la Cofepris, que vive bajo el ala del impresentable Hugo López Gatell para que determinaran si esa clase de maíz es cancerígeno o no.

Esta idea fue, por supuesto, desechada por Estados Unidos al que, al parecer ya se le acabó la paciencia y se le cruzan los tiempos políticos.

Este tema, subido al nivel de un panel del T-MEC, no tiene un buen panorama para el comercio mexicano en un mediano plazo.