Así que sería anticonstitucional dejar al ejército en las calles más allá del 2024 y eso no se resuelve con su ejercicio participativo
No es un juego pretender una consulta ciudadana, definida de manera eufemística como ejercicio participativo, para definir la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Eso es algo totalmente fuera de la ley.
No hay ninguna inocencia, ni buena intención en ello, sobre todo cuando ya se han hecho consultas sesgadas, disfrazadas de pueblo y democracia, para justificar decisiones unipersonales. Como lo hizo este régimen para acabar con el Aeropuerto de Texcoco y para violar los derechos de una empresa privada para abrir una cervecera en Mexicali.
Hay consultas como la que se hizo hace poco más de un año para enjuiciar a los expresidentes, que costó 530 millones de pesos, donde 97.72% de los que participaron en ese montaje de ejercicio propagandístico votaron por el sí y es la fecha en que no se ha enjuiciado a un solo de esos expresidentes. Vamos, ni siquiera se ha hecho el intento.
La 4T se gastó otros 1,700 millones de pesos del dinero público en una supuesta consulta de revocación de mandato que solo tenía la intención de satisfacer el ego presidencial, porque nunca fue propuesta por los opositores al Presidente, sino por sus simpatizantes.
Derrochar recursos públicos es una cosa grave, pero otra muy diferente es querer violar flagrantemente la Constitución para justificar que se puede faltar a la ley con el “mandato del pueblo”, con el simple argumento de que, a él, Andrés Manuel López Obrador, nadie le puede venir con eso de que la ley es la ley.
Como en los peores tiempos del viejo PRI, funcionó el mecanismo de presionar a los diputados opositores para conseguir un cambio constitucional, con aquello de carpeta o hueso. Y más cuando el hilo más delgado era el impresentable de Alito. Pero esa varita delgada no se rompió en el Senado.
Así que sería anticonstitucional dejar al ejército en las calles más allá del 2024 y eso no se resuelve con su ejercicio participativo.
Como tampoco queda resuelto traspasar el poder civil que rige a la Guardia Nacional al ejército, como lo garantiza la Constitución, como fue modificando en leyes secundarias con la mayoría del Presidente.
El anunciado ejercicio participativo para conocer la opinión popular es, en sí, un acto ilegal que podría ser usado como instrumento de propaganda, pero nunca como suplente de lo que marcan las leyes con el argumento de que es la voz del pueblo, eso sería consumar un golpe al Estado de Derecho.
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