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Es muy conveniente para el régimen dar por sentado que la presión en los precios de los alimentos es una consecuencia inevitable de la inflación mundial. Son igualitos a sus antecesores que repetían que las crisis llegaban del exterior.

Pero hay muchas razones internas que explican las presiones en los precios de los alimentos.

Algunas sí pasan por un afortunado aumento en el poder adquisitivo en ciertos segmentos de la población, que tiene que ver lo mismo con los programas asistencialistas del régimen, con los incrementos en los salarios mínimos o hasta con el incremento en las remesas.

Las mayores presiones inflacionarias se dan claramente en productos básicos y alimenticios, no en otros bienes que pudieran hablar de una presión del consumo de las clases medias.

Pero, más allá de esas posibles presiones por demanda, hay una realidad que ahí está y que no es posible soslayar, hay tal nivel de intervención del crimen organizado en la vida económica de muchas regiones y sectores en este país que se nota su daño hasta en la inflación.

Nos distraemos muy fácil con los malabares matutinos, pero tiene alcance nacional la presencia de la extorsión a los comercios, de todo tamaño, que están obligados a pagar derecho de piso para poder trabajar.

Vemos como algo cotidiano que circulen videos de delincuentes apaleando a un taquero que no pagó su cuota al crimen. Los muertos por no permitir ser víctimas de esos pagos ilegales son simples datos para las estadísticas. Y los que lo pagan, lo traspasan a sus consumidores.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales el robo de autotransporte aumentó 24% el año pasado y aceptan un reflejo en los precios al consumidor.

El Consejo Nacional de la Tortilla reconoce que el cobro de piso que el crimen organizado exige a muchos participantes de la cadena maíz-tortilla obliga a reflejar esos sobrecostos en el precio final al consumidor.

Están documentados los pagos al crimen organizado en la cadena de comercialización del aguacate en Michoacán, del limón en Colima y del pollo en Guerrero. Todo plenamente demostrado, con evidencias suficientes y todos los casos de extorsión en la impunidad.

La certeza de impunidad permite conocer historias, como la de esta semana en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde un grupo no menor de comerciantes de pollo se organizaron para atacar otra pollería que se atrevía a vender ese producto a más bajo precio.

Los videos fueron públicos de cómo la colusión de precios se dio a pedradas y batazos en contra de los comerciantes que podían ofrecer pollo a más bajo precio. No pasó nada.

La inflación provocada por los actos del crimen organizado es solo un enfoque para acercarse a uno de los grandes problemas de México, que tiene muchos rasgos de ser un Estado fallido.

Poner en las mañanas a un señor que tiene dotes de comediante a hablar de las gasolinerías más caras o de los que se pasan de rosca con el precio de su canasta básica es parte de un espectáculo que impide a una mayoría ver que el problema de la inseguridad, el crimen, la impunidad y la falta de Estado de derecho, es más grave de lo que creemos.