No pasaron por el poder legislativo, pero le llegará también su tiempo al aeropuerto Felipe Ángeles y al Tren Maya
La creación y desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es una adecuada síntesis de este régimen. Llegar, destruir lo que funciona porque es del pasado, imponer una idea personalísima sin análisis previos, usar al Congreso como mero trámite para ello, fracasar y recular por el mismo camino, lo que anticipa otro fracaso.
El Insabi ya era insostenible por cuestiones presupuestales y seguramente ese será el mismo camino que habrán de seguir, en algún momento, otras tantas ocurrencias como, por ejemplo, el Banco del Bienestar.
Los programas asistencialistas que sustituyeron buena parte del gasto social también tendrán que ser modificados en algún momento no tan lejano. Sembrado vida, por ejemplo, ya no hace que los campesinos planten árboles, sino que siembren perejil y no es broma.
No pasaron por el poder legislativo, pero le llegará también su tiempo al aeropuerto Felipe Ángeles y al Tren Maya.
Con todo y los evidentes fracasos, este régimen no ceja en su empeño de destruir, de no dejar piedra sobre piedra de aquellas instituciones y programas que se han construido durante tantos años y con tanto esfuerzo en el país.
De hecho, vemos cómo está en marcha una presentación constante de iniciativas legales por parte del poder ejecutivo a través de los obedientes diputados y senadores de Morena y sus partidos satélites que simplemente le dan trámite sin leer siquiera lo que aprueban.
Desde el plan B de la contrarreforma electoral, la ley minera, la ley del servicio ferroviario, hasta la aberrante y no bien conocida reforma de 23 leyes en materia administrativa que daría la estocada final a la confianza empresarial.
El procedimiento ha sido el mismo, iniciativas que llegan de forma soterrada y apresurada desde la casa presidencial a la mayoría de Morena en el Congreso con la instrucción de aprobarlas por la vía rápida, sin negociación ni consulta con otros partidos o los afectados.
Muchas de esas leyes han sido claramente violatorias de la Constitución. Algunas como las modificaciones a la ley eléctrica contaron con la operación de la Suprema Corte cuando estaba bajo la conducción del ministro Arturo Zaldívar y están vigentes de forma claramente anticonstitucional.
La instrucción para esa oficialía de partes en la que se ha convertido el Congreso es prepararse para el frenético último año de la actual legislatura y las iniciativas que podrían aterrizar en el Congreso a partir de septiembre que tendrían por objeto, no la transformación anunciada, sino la destrucción de cualquier base que pudiera servir para la reconstrucción institucional del país ante una eventual derrota electoral el próximo año.
El propio López Obrador adelantó que enviará una iniciativa de reforma constitucional para entregar la Guardia Nacional al Ejército tan pronto como se integre la siguiente legislatura tras las elecciones de junio del 2024.
Eso, al final, no es más que un acto anticipado de campaña porque no hay ninguna medición de intención de voto que adelante, ni de lejos, una mayoría calificada para el actual régimen.
Lo que sí es un hecho es que se prepara un coletazo legislativo de la 4T con un blitz de iniciativas para no dejar piedra sobre piedra del país institucional que hemos conocido.
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