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Argentina y Venezuela no se cansan de tomar las peores decisiones económicas y ahora esos dos países, empobrecidos hasta niveles críticos por sus regímenes populistas, han decidido congelar los precios de muchos productos básicos.

Claro que lo único que han logrado es escasez y alimentar un mercado negro que consigue el efecto contrario: disparar más los precios.

Colombia y su flamante gobierno cortado con esa tijera de moda en América Latina está a punto de tomar la misma medida, congelar los precios de una canasta básica que generará el mismo efecto que se ha dado en los países quebrados del sur del continente.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México ha resistido esta tentación, con la esperanza de que le hayan explicado muy bien las consecuencias de una medida así para la economía.

Las medidas asumidas por México también tendrán consecuencias que en su momento habrán de contabilizarse.

Primero, con el descomunal costo fiscal del subsidio a los combustibles, que hará palidecer a los desvíos presupuestales de Felipe Calderón a las gasolinas y que eventualmente tendrá un costo para las finanzas públicas.

Y después, esa apertura indiscriminada y no controlada a la importación de productos agroindustriales que puede tener consecuencias hasta para la inocuidad alimentaria del país.

Pero hay entre los precios uno que puede alterar más las expectativas inflacionarias si se opta por mantener la política de ajuste acelerado del salario mínimo.

No hay que olvidar que este régimen ha propiciado incrementos al salario mínimo sin el consenso de los empresarios, que son al final los que cargan con el costo laboral. En tres años de este gobierno el salario mínimo ha tenido un incremento de 60 por ciento.

Si en la revisión de este ingreso mínimo para el próximo año se opta por ese camino, de subir mucho más allá de la inflación, puede tener varios efectos contraproducentes.

De entrada, puede ser un grupo relativamente reducido de trabajadores que reciban esa paga mínima, pero sí marca un piso para otras negociaciones contractuales y para la fijación de otros precios.

Cuando tenemos una combinación como la actual entre alta inflación y una marcada baja en la actividad económica, mayores costos salariales implican necesariamente un freno en la contratación.

Hasta ahora hay dos posicionamientos respecto al incremento que viene. Uno por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que propone un aumento de 15 por ciento. Claro que Coparmex, impulsor original de los incrementos al mínimo más allá de la inflación, no es el mejor vocero del sentimiento del sector empresarial, pero aquí hay ya un punto de partida para negociar.

Y la otra postura es del propio presidente López Obrador que, en resumidas cuentas, dijo que el éxito de las medidas contra la inflación depende del incremento que tenga el salario mínimo.

Claro, unos días después regresó al discurso de aumentar 100% este ingreso mínimo, pero parece tener claro que una carrera entre salarios y precios es imposible que la ganen los trabajadores y menos cuando el 2023 pinta para tener una alta inflación y además una eventual recesión.