No se ve que genere mucho entusiasmo esta operación en la Secretaría de Hacienda, pero es su obligación llevarla a buen puerto y, de paso, venderla como un gran éxito de la autollamada Cuarta Transformación
Comprar las plantas generadoras de electricidad de Iberdrola va a implicar mayor endeudamiento y tratar de minimizar la noticia de que este régimen sigue con el incremento de la deuda pública requiere de una serie de maromas de la Secretaría de Hacienda.
No hay manera de considerar la compra de las 13 plantas de generación eléctrica de la compañía española Iberdrola como una buena señal. Es buena para la empresa privada porque obtiene liquidez, ayuda a sus planes de cambio en su matriz energética y de paso le quita presiones políticas del régimen de López Obrador.
Para el país no hay mayor ganancia en la generación de electricidad porque esas plantas tenían un trabajo dedicado a la proveeduría de la Comisión Federal de Electricidad, sólo que ahora los riesgos de operación ya están traspasados a la llamada empresa productiva del Estado.
La peor parte de este negocio está en la señal que manda del privilegio de un dogma personalísimo del Presidente de tener el control estatal de los monopolios energéticos a costa de marginar a las empresas privadas que tienen el aval constitucional para hacer negocios.
Así, un gasto de 5,943 millones de dólares no aporta realmente nada al país y sólo abona al discurso presidencial y quizá a maquillar un poco los estados financieros de la CFE.
No se ve que genere mucho entusiasmo esta operación en la Secretaría de Hacienda, pero es su obligación llevarla a buen puerto y, de paso, venderla como un gran éxito de la autollamada Cuarta Transformación.
El recurso más utilizado por el régimen siempre será aquel de que en el pasado se endeudaban más, a pesar de que en este sexenio, a diferencia de cualquier otro, el nivel de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto ya sobrepasó 50 por ciento.
Es un hecho que para hacer feliz al Presidente, y de paso a Iberdrola, el gobierno federal va a tener que recurrir a un incremento de la deuda.
Si consideramos el costo a pagar en pesos por esta operación, hablamos de unos 110,000 millones de pesos, para no confundir las peras de los dólares con manzanas de los pesos.
De ellos, la aportación de capital es de 45,000 millones de pesos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que provendrían del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el documento de la propia dependencia detalla que 51% de ese capital proviene del Fonadin y 49% restante de inversionistas institucionales. Esta operación es administrada por Mexico Infrastructure Partners.
El resto del financiamiento, que es 60% de esos más de 110,000 millones de pesos, unos 66,500 millones de pesos será dinero prestado.
Ahí están en primera línea las instituciones de banca de desarrollo, convertidas en caja chica, pero también están muchas instituciones bancarias privadas que gustosas prestan para el proyecto con altas tasas de interés como las actuales y con el atractivo del aval gubernamental.
En fin, que ni las ambiciosas proyecciones de la tasa de recuperación de esta inversión justifican esa erogación que de manera neta no aporta más electricidad al país, pero que sí cumple un capricho presidencial.
Minuto a minuto
