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Contratada por Petróleos Mexicanos, Sistemas Empresariales del Golfo fue la empresa responsable de desmontar las 300 hectáreas del predio donde se construirá la refinería de Dos Bocas y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente le impusieron una multa de 13.9 millones de pesos, además del cumplimiento de “medidas compensatorias”, tras lo que acudió a los tribunales, presuntamente perjudicada en sus derechos constitucionales, para reclamar una indemnización por supuestas afectaciones a su negocio.

Esa firma tabasqueña alega una violación al debido proceso durante el periodo en que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales investigó la comisión de posibles delitos ambientales. Y es que presuntamente funcionarios a cargo de las indagatorias revelaron el nombre de la compañía, con lo que se violó el principio de inocencia y, más aún, se motivó la cancelación de contratos por parte de sus clientes.

La “filtración” —que la empresa califica como ilegal— habría sido cometida por Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quien a título personal, a finales del año pasado, denunció los trabajos que afectaban a 230 hectáreas de manglares en el municipio de Paraíso. Después de eso fue invitado a participar por la ASEA como un tercero interesado en las indagatorias.

¿El medioambientalista excedió sus funciones como coadyuvante de la autoridad? No sería la primera vez, en todo caso, que Alanís Ortega tiene una intervención polémica. En mayo del 2015, suscribió de manera individual el contrato No. AD-AS-DCAGI-SC-029/2015, con el que recibió la cantidad de 928,000 pesos, para fungir como asesor ambiental del aeropuerto de Texcoco, un proyecto al que inicialmente se había opuesto.

La frontera entre la actuación “a título personal” y las funciones del director de la ONG enfocada a la protección ecologista resultan mortecinas. Las autoridades de ese sector tienen conocimiento sobre su trabajo en la región caribeña, por lo menos desde hace cinco años.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental abrió una oficina en Cancún que se ocupa de lo que pasa en la península de Yucatán y llevó el caso contra Dragon Mart. Y participó activamente en la defensa del malecón Tajamar, hace tres años. Un espacio que, a nivel local, los cancunenses se habían apropiado. Ante las acciones legales de los desarrolladores inmobiliarios y la postura inicial de Fonatur, entonces hubo una respuesta local ante la pérdida de un área verde, de los servicios ambientales que proporciona, y de su función de facto como parque público.

Esa organización y otros grupos ambientalistas sostienen que los humedales, especialmente los manglares, nunca deberían desmontarse, por los servicios ambientales esenciales que brindan.

Los manglares protegen la infraestructura urbana del oleaje y previenen inundaciones, en caso de un huracán. Y ayudan a evitar que se vaya el suelo mismo sobre el que se asienta la ciudad, además de que mantienen las playas en buena forma, si cambian las corrientes o si ocurre cualquier otro fenómeno en el agua. Además, albergan especies de fauna que mantienen la buena salud del ecosistema  y de las poblaciones aledañas. Por último, son estuarios, son los lugares donde los peces se reproducen. A pesar de esto, los humedales son, junto con el bosque de niebla, los ecosistemas más amenazados, casi siempre por actividades económicas que son muy intensivas en capital y que generan relativamente pocos empleos.

Pero distinto opinan las autoridades locales y federales que además de las críticas de las calificadoras sobre la viabilidad del plan de reactivación propuesto por los directivos de Pemex, ahora mismo enfrentan la oposición de los grupos ambientalistas.

Efectos secundarios

ALIADOS. La UNAM y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos firmarán mañana un acuerdo de colaboración, con el fin de evitar que investigaciones médicas y farmacéuticas se queden en el olvido o archivadas, por lo que se pretende vincular estos trabajos a la industria nacional  y que puedan ser comercializadas. Francisco Lomelí, secretario general de la máxima casa de Estudios, y Arturo Morales, presidente de AMELAF, signarán el convenio.

¿MONTAJES? Subido hace dos semanas a YouTube, apenas acumula 629 visualizaciones. Es la primera parte de un caso de corrupción en el sistema judicial, según se anuncia en los créditos mientras se escucha la melodía que identifica la serie CSI. La prueba de que Baxter México habría incurrido en cohecho y tráfico de influencias es el audio de una conversación entre el abogado José Joaquín Zapata y un subordinado que acreditaría sus peculiares técnicas de cabildeo con el entonces subprocurador capitalino Edmundo Garrido y su jefe, Rodolfo Ríos Garza. En el contexto, el pleito entre Servicios de Logística y Transportación (Translog) y la filial mexicana del laboratorio de Chicago, que desde hace una década dirimen en juzgados civiles y mercantiles una disputa por 25 millones de dólares. El audio data del 2013 e involucra a uno de los abogados de Baxter, cuyo equipo jurídico está complementado por el exprocurador panista, Antonio Lozano Gracia, mientras que la empresa transportista contrató a Esteban Maqueo y Alexandro Olea. Ambas partes se han amparado y la decisión está en manos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal por una parte y el Décimo Tribunal Colegiado Civil del Primer Circuito.

EXPOSICIONES. Mientras ocurre la mudanza de la Secretaría de Turismo a Quintana Roo, la planta baja del edificio central de la dependencia, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, ha sido habilitada como centro de exposiciones temporales… justo donde el sexenio pasado había una tienda de artesanías. Punto México abrió sus puertas a la oferta turística de Aguascalientes, donde en un mes y medio arrancará la edición 191 de la Feria Nacional de San Marcos. Mientras, en ese espacio —más de 300 metros cuadrados— estarán a la venta los trabajos de más de 120 maestros hidrocálidos, con trabajos de artesanía mayólica, cerámica, cartonería plana, máscaras, deshilado, lana, talla en madera y cantera.