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Uno de los temas que más debe preocupar en esta etapa temprana de las crisis de salud pública y económica es el desencuentro de los sectores productivos con el Presidente de la República. Las posturas históricas del Presidente han conspirado contra el sentido común. Los empresarios, incluso los más moderados, se exasperan por el rechazo presidencial. Afortunadamente en el sector sindical ha prevalecido la mesura, al igual que en los grandes empresarios mexicanos, la prudencia.

Las diferencias llegan a todos lados, incluso al interior de la misma representación empresarial. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha sido objeto de una severa crítica. A su favor hay que decir que difícilmente una actitud más combativa de su parte hubiera sido eficaz con el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, propenso a la descalificación a priori. Carlos Salazar ha apostado por el diálogo y ha tenido logros notables como fue el acuerdo para revertir la postura de la Comisión Federal de Electricidad respecto a las empresas constructoras de gasoductos y muchas otras intervenciones en las que se obtuvo alguna rectificación. Sin embargo, la retórica presidencial para muchos, no solo empresarios, es percibida como una provocación en la que no se debe caer.

Para bien de todos, el CCE tiene en claro que quien manda es el Presidente. Así es porque es la autoridad legal, y también por la legitimidad que le concede el voto a su favor. Además, cuenta con una mayoría legislativa y presencia de sus correligionarios en muchos gobiernos locales. Esto es importante porque no puede ni debe haber la menor duda sobre la autoridad, a pesar de las diferencias que pudiere haber con ella. La crítica es un derecho y disentir es consustancial a una sociedad libre y abierta. Así como preocupa la postura del Presidente, debe generar tranquilidad la sensatez de quienes hablan por los empresarios, más en estos momentos tan complicados y especialmente porque lo que viene adelante nos pondrá a todos a prueba.

El empresariado y las organizaciones civiles deben optar por el diálogo. Será la realidad la que convalide las posturas propias y, en su caso, obligue al ajuste a las del gobierno. La información que recibe el Presidente está procesada por los intereses de la burocracia y de la política. Se han tomado decisiones preventivas en materia de salud a partir de información incompleta, imprecisa e inexacta. La resistencia a ampliar el espectro de pruebas confiables para identificar contagios puede ser un costoso descuido. La indeseable realidad que se perfila es que pronto se tendrá un panorama semejante a España, Italia y Estados Unidos y eso seguramente generará una crisis que obligará al gobierno y al Consejo General de Salubridad a medidas correctivas. En cambio, si lo que nos suceda hacia adelante con la pandemia, corresponde con lo previsto por el Presidente, todos los mexicanos estaríamos muy satisfechos y hasta orgullosos de las autoridades.

Lo mismo ocurre en materia económica. El Presidente parte de un escenario muy optimista y los empresarios de otro, totalmente distinto. No requerirá mucho tiempo para que la realidad ponga a cada quien en su lugar. Las cifras de recaudación, empleo y, eventualmente, las expresiones públicas de inconformidad como secuela a la parálisis de le economía, serán referentes de lo que tendrá que hacer el gobierno si es el caso que prevalezca el escenario que plantea el sector privado. De cualquier manera, el gobierno requiere del sector privado, incluso para que sea viable lo elemental de la política social. El empleo será el objetivo de los próximos años y el gobierno podrá impulsar acciones compensatorias para los sectores más desfavorecidos o vulnerables, pero, aunque quisiera, no podrá ser el generador de riqueza y oportunidades laborales.

Apostar al tiempo en esta singular circunstancia no es fácil, sobre todo cuando se trata de que la realidad misma obligue al Presidente a recapacitar. Lo que sí es fundamental es que se actúe independientemente de la postura de las autoridades. El sector privado puede hacer mucho para la salud pública y también, desde luego, para proteger a la parte más vulnerable de las empresas y negocios. Las iniciativas que se han presentado son dignas de estudio, tal como apoyar al sector informal de la economía y con ello propiciar su tránsito a la formalidad. Un acuerdo del sector bancario, grandes empresas y organismos empresariales puede dar un curso virtuoso en la atención de la emergencia económica.

La crisis de salud es transitoria, seguramente más prolongada de lo que se había pensado hace meses. Sin embargo, la crisis económica tendrá un efecto mucho más profundo, generalizado y prolongado para el que México debería estarse preparando. Es una afectación a la economía mundial y como tal muchas de las empresas nacionales habrán de padecer las consecuencias. Nada será igual. Precisamente por esta razón, el sentido común llama por el reencuentro del Presidente con los empresarios y sus representantes.