Lo más relevante es que la polarización utilizada como estrategia electoral se actualizó y se hizo consecuente con los objetivos políticos del señor López Obrador
El descontento popular ha sido en los últimos tiempos el principal activador de los proyectos políticos disruptivos. El ascendiente social del presidente López Obrador no sólo es un tema de habilidad en la comunicación política, más que eso, es la disposición de un sector importante de la sociedad de avalar un proyecto político que da curso y alienta la polarización y el rechazo al orden de cosas, incluso la erosión de las mismas instituciones que hicieron posible el ejercicio de las libertades y la democracia que permitió el arribo de AMLO al poder. Es, nos guste o no, la nueva realidad tras su instalación en la Presidencia.
Lo más relevante es que la polarización utilizada como estrategia electoral se actualizó y se hizo consecuente con los objetivos políticos del señor López Obrador. El costo de ello, nada menor, fue el abandono del sentido republicano en el ejercicio del poder presidencial. Esto a su vez está siendo emulado por el conjunto del gobierno y las autoridades locales afines al régimen. Más aún, las instituciones del Estado son empleadas indiscriminadamente y sin reserva o recato con un sentido partidista.
La popularidad presidencial en lugar de servir para gobernar ha sido empleada como muro de defensa y como cabeza de playa de una obsesiva batalla mediática contra la oposición, mientras sobre el país se ciernen preocupantes amenazas, especialmente la que representa el empoderamiento económico, político y social del crimen organizado. El Presidente puede reemplazar al dirigente partidista, como también lo puede hacer con los coordinadores parlamentarios, pero nadie puede reemplazar al Presidente en sus responsabilidades.
La competencia política en el marco de la polarización y de autoridades electorales omisas o disminuidas, plantea un escenario no sólo incierto, sino preocupante. Nos hemos domiciliado en la jungla política, el país vive en la ilegalidad de las precampañas anticipadas, con aspirantes que realizan un evidente proselitismo y a partir de septiembre, cuando los dos principales bloques políticos tengan sus respectivos candidatos, para efectos prácticos, habrán iniciado campañas al margen del marco legal, ajenas al principio de equidad en la contienda y, por lo mismo, de la necesaria civilidad política.
Minuto a minuto
