El no al IVA en medicinas y alimentos hace prácticamente imposible que se pueda avanzar en el camino de la homologación de este tipo de impuestos indirectos
No son pocas las ocasiones en que los intentos de llevar a cabo cambios estructurales en la economía mexicana se topan con el muro de contención de una sociedad opositora que ha sido convencida de no avanzar desde un ejercicio propagandístico de los opositores.
Durante muchos años, la reforma energética fue frenada por la implantación mental entre una población poco informada de que nos iban a robar nuestro petróleo. Así, sin más reflexión que ésa, el inconsciente colectivo se convenció de que la reforma era mala.
Y por el estilo están tantos otros cambios pendientes que enfrentan un ejército de mal informados ciudadanos, que sirven indirectamente para mantener intereses muy particulares.
El terreno fiscal es uno de los más escabrosos porque nadie, en su sano juicio, está feliz de pagar esos gravámenes y cuando una autoridad está doblegada por ciertos grupos de presión, evidentemente que se recarga en aquellos que son más dóciles.
La cantaleta de no al IVA en medicinas y alimentos hace prácticamente imposible que se pueda avanzar en el camino de la homologación de este tipo de impuestos indirectos. Esa misma presión inducida fomenta la economía informal, que limita el cobro de los impuestos directos, como el ISR.
Total que ahora que el gobierno federal, en su división fiscal, empieza a ejercer de una mejor manera sus potestades, se topa con un inesperado opositor.
Vaya que es difícil entender qué es lo que quieren los representantes de la cúpula empresarial de este país.
Resulta que uno de los más notorios opositores a la aplicación del IVA en los alimentos preparados que se expenden a través de diferentes formatos de tiendas minoristas es el Consejo Coordinador Empresarial.
El mismo organismo que agrupa a aquellas organizaciones del sector privado que por años han exigido una reforma fiscal que homologue el IVA, que aplique adecuadamente el cobro de impuestos en este país, es la que sale a los medios y publica un comunicado oponiéndose a la medida.
Y mientras con una mano solicitan incentivos fiscales para el próximo año, con la otra se preocupan porque el IVA en los alimentos procesados fomentará la informalidad.
Lo bueno del actual cobrador de impuestos es que está dedicado a su trabajo y poco le preocupa la grilla política, pero no debe de dejar de llamar la atención en el Servicio de Administración Tributaria que los que más pedían ese IVA son los que ahora más se quejan.
Un discurso congruente del sector empresarial debió haber iniciado por apoyar la medida, quizá vanagloriarse de que ha sido una de sus peticiones y después voltear la mirada hacia los gobiernos estatales y municipales y exigir que se apliquen las leyes básicas que impiden la expedición de alimentos en las calles.
No serán pocos los que prefieran una torta callejera que una empaquetada, con todo y el aumento en el precio que ya registraron; habrá otros que entiendan que más vale pagar el impuesto que las sulfas que receta el médico para curar la salmonelosis.
Pero la obligación de las organizaciones que representan empresarios es la congruencia. Por un lado, de respaldar la aplicación de las medidas fiscales que tanto piden y por otro, de alzar la voz a los que, desde los gobiernos locales, se enriquecen permitiendo la ilegalidad de la venta de fritangas en las calles de nuestras ciudades.
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