Cuando un gobierno manipula la justicia, están perdidas las libertades, me dijo ayer en abstracto el ex presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, quien hoy dictará en la UNAM una conferencia magistral titulada, precisamente, Derecho y Política. Presumimos que las instituciones de justicia mexicanas son instituciones de buena fe. Y que cumplen con la … Continued
Cuando un gobierno manipula la justicia, están perdidas las libertades, me dijo ayer en abstracto el ex presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, quien hoy dictará en la UNAM una conferencia magistral titulada, precisamente, Derecho y Política.
Presumimos que las instituciones de justicia mexicanas son instituciones de buena fe. Y que cumplen con la exigencia de justicia. Y que lo hacen sin excepciones en beneficio de cualquier persona, sin importar que políticamente haya sido convertida en símbolo de oprobio. Nada de eso ocurrió en la resolución del juez Alejandro Caballero Vértiz, emitida en la nocturnidad de un domingo. Debía determinar si le concedía el beneficio de la prisión domiciliaria a una mujer de 70 años que lo reclama porque la ley se lo ofrece por el mero hecho de cumplir 70 años.
Pero Caballero Vértiz se cobijó en una de las excepciones del artículo 55 del Código Penal para negarlo. ¿Qué resolvió? Que la defensa de la mujer de 70 años no presentó los peritajes que lo convencieran de que no se puede fugar una vez que esté en su domicilio. Es decir, el juez negó el beneficio porque no sabe si la mujer se puede fugar. Horror de resolución. Máxime si esa mujer se llama Elba Esther Gordillo.
“Es un absurdo, una barbarie”, me dice el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro. “¿Qué tipo de peritos necesitaríamos? ¿Un pitoniso, un experto en fugas? No existe ningún perito que determine si una persona puede constituir o no un riesgo de fuga. Y no es obligación de la defensa probar las excepciones, eso le corresponde al Ministerio Público. El propio juez Caballero afirma en su resolución que no se probó, sin embargo resuelve en contra del beneficio. Es una resolución absolutamente ilegal”.
—¿Elba Esther Gordillo es una presa política?
—No es mi papel afirmarlo, pero consideramos que es una resolución sui géneris que podría estar siendo objeto de injerencias ajenas al derecho.
—¿Qué injerencias ajenas?
—Cuando el derecho no se aplica de manera adecuada puede ser por injerencias que podrían ser de carácter político.
—¿Presa política?
—Qué cerca estamos, lamentablemente, de tener que hacer una afirmación de ese orden.
No soy tan escrupuloso como el abogado. Justicia manipulada es igual a libertades perdidas. Elba Esther Gordillo es desde el domingo una presa política. Un tribunal unitario puede revertir rápida, tajantemente la atrocidad del juez. O no nos quejemos luego de que el colapso legal devenga colapso moral de una sociedad.
—La maestra, abogado, me dijo hace 10 días ante usted: “Están estirando tanto la liga que parece que quisieran forzarme a romper con el silencio institucional que responsablemente he adoptado” —le recuerdo a Del Toro.
—Sí, es una frase que dio, y que de alguna manera aclaró que podría referirse a terceras personas ajenas al gobierno. Independientemente de eso, estamos convencidos de que hubo mano negra en esta resolución y que el derecho tendrá que sacar a esa mano negra de los expedientes judiciales.
MENOS DE 140. Encuestas poselectorales marcan que el principal pasivo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se llama Partido Verde.
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