Si el régimen no está dispuesto a llamar a la unidad, esa exigencia sí debe estar presente en la agenda de los demás actores, incluso para demandar responsabilidad al propio gobierno
Los hombres suelen creer de buen grado aquello que desean.
Julio César.
El gobierno ha logrado posicionar la idea de que no hay mayores problemas en el presente, que buena parte de lo que informan medios y analistas distorsiona la realidad y que, pese a todo, el país avanza por un camino venturoso de prosperidad. La negación es exitosa porque encuentra una sociedad dispuesta a creer lo que le resulta más cómodo.
Aunque de manera forzada, algo de razón hay. Por ejemplo, el acuerdo comercial, bajo cualquiera de sus escenarios, debería continuar, aunque quizá con modificaciones importantes, porque conviene a todos. Las empresas vinculadas al comercio trilateral son el principal activo para que el acuerdo se mantenga. Las palabras del presidente Trump, hostiles al tratado, deben tomarse con reserva: podrían ser parte de un amago negociador para obtener mejores condiciones.
Sin embargo, los problemas del país están en otro terreno: la gobernabilidad y los efectos de un sistema de justicia quebrado y, por lo mismo, de legalidad precaria. Esto se traduce en una impunidad de grandes dimensiones, que compromete al país tanto interna como externamente. Lamentablemente, el problema trasciende la voluntad política porque se dañaron las bases del régimen que garantiza certeza jurídica y derechos.
El sistema no está preparado para una crisis institucional mayor. Quizá sí en el plano económico, aunque enfrentarla con responsabilidad tendría un costo social muy elevado. En cualquier caso, el mayor riesgo, por ahora, proviene de la forma en que el gobierno ha respondido a la solicitud de las autoridades de Estados Unidos para detener a funcionarios presuntamente vinculados con el cártel de Sinaloa. La cerrazón de las autoridades y una estrategia legal descuidada exponen al país, pues alimenta la tesis de Trump de que el gobierno nacional no quiere o no puede combatir a los cárteles de la droga.
A la sociedad civil y a los partidos les corresponde actuar con responsabilidad ante un escenario crítico. Son tiempos de claridad para hacer valer el interés nacional. Si el régimen no está dispuesto a llamar a la unidad, esa exigencia sí debe estar presente en la agenda de los demás actores, incluso para demandar responsabilidad al propio gobierno.
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