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Entren santos peregrinos, que Palacio se abre de corazón y no es nada pobre la morada, hablemos de la calificación.

Buena señal, por donde se le quiera ver, que hasta Palacio Nacional lleguen personajes como Roberto Sifón-Arévalo, director general y líder global de calificaciones soberanas de Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings, y Shelly Shetty, directora ejecutiva de Fitch Ratings.

Si bien en este sexenio se decidió seguir con ese camino emprendido por López Obrador de “al diablo con las instituciones”, no parece haber apetito por gritar “al diablo con las calificaciones”.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, creador del descomunal desbalance fiscal por órdenes presidenciales, es ahora el experto del mundo financiero que, con el aval presidencial, busca recomponer lo desbalanceado y hacer que en Wall Street crean que es real el compromiso de enderezar el barco presupuestal.

Por supuesto que las empresas que cobran a sus clientes por avisarles la condición de seguridad de los mercados en los que invierten no compran espejitos y si bien el acercamiento de las autoridades mexicanas, al más alto nivel y en Palacio Nacional, deja ver que sí tienen interés en llevar la fiesta financiera en paz, lo que necesitan las calificadoras son hechos reales en las finanzas públicas.

Si una de esas firmas calificadoras hace su trabajo, como Moody’s, que hace unos días ratificó la nota crediticia de México, pero cambió la perspectiva de Estable a Negativa, lo que recibe es todo el peso del estilo cuatroteísta de gobernar y le dicen que su problema es tener sesgos hacia un sistema económico neoliberal. Descripción que busca ser un insulto.

El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encargó de divulgar, y que fuera una noticia ampliamente difundida, que S&P había decidido ratificar la calificación de la deuda soberana mexicana, dentro del grado de inversión bajo, además de ratificar también la perspectiva Estable de esa nota, lo que le compra buen tiempo al gobierno para la corrección fiscal.

Hacienda le hace el favor a la empresa privada de calificaciones de compartir y divulgar su trabajo. Pero lo importante es que está en el interés de la autoridad financiera que el público inversionista sepa que hay una institución externa, confiable y profesional que avala, en este momento, la estabilidad de las finanzas mexicanas.

El punto es que la Secretaría de Hacienda deja ver que tiene todo el interés en mostrar esa nota de estabilidad y eso lo que refleja es que le importa al gobierno de Claudia Sheinbaum y a su Secretaría de Hacienda que los vinculen con la responsabilidad de conservar ese grado de inversión a través de rescatar a México del desorden fiscal heredado.

El comunicado número 75 de la SHCP cierra con esta promesa de mantener su compromiso de preservar la estabilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda pública.

Si las cabezas de dos de las tres firmas calificadoras más influyentes del mundo estuvieron en Palacio no debió convencerlos de nada más que del interés del gobierno actual de no perder el grado de inversión que acabe con la estabilidad financiera, lograda en 30 años y dilapidada en tan solo un sexenio.

Hacienda tiene todo el interés en mostrar esa nota de estabilidad y lo que refleja es que al gobierno le importa que los vinculen con la responsabilidad de conservar ese grado de inversión.