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Es un hecho que todo el mundo esperaba que los precios del petróleo habrían de recuperarse este año. Si no fuera así, nadie en el mundo financiero le hubiera vendido a México coberturas petroleras para este año en 50 dólares por barril.

Pero como la negación es una reacción humana ante la desgracia, por mucho tiempo pensamos que los barriles podrían regresar a 100 dólares y los dólares a 13 pesos.

Parece que la terca realidad nos ha ubicado. Hoy tenemos la certeza de que nunca más habrá dólares en aquellos niveles de 13 y que habrán de pasar años antes de que volvamos a ver un barril de petróleo en los niveles del 2014.

Y peor aun en el terreno local: mantenemos una dependencia fiscal de una empresa que vende sus productos 80% más baratos de los precios máximos de hace unos años y sólo puede vender dos terceras partes de lo que solía producir por aquellos días de la abundancia.

Hoy, ante este escenario, no podemos hablar de recortes preventivos en el gasto. Recortes en previsión fueron los aplicados al presupuesto de este año bajo aquella visión que tenía el mundo entero de que el 2015 habría sido un año excepcionalmente malo para los precios de las materias primas.

Hoy, con la certeza de que los precios del petróleo no van a mejorar, con la realidad de tener un desequilibrio fiscal que inquieta a los mercados, con las evidencias de desaceleración económica y con las consecuencias inflacionarias de la depreciación del peso, las medidas que se deben tomar son correctivas.

El descuido de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha hecho de esta empresa pasar de ser la fácil solución de ingresos para el gobierno a ser un problema para la estabilidad macroeconómica del país.

La suerte de Pemex es la suerte de las finanzas públicas, por eso la medida correctiva es enviar a un experto en rescates financieros a dirigir la empresa. Pero al mismo tiempo, como lo hemos sostenido desde hace algún tiempo, el verdadero reto está en ajustar las finanzas públicas.

Aumentar el endeudamiento para cubrir el faltante petrolero es irresponsable, sobre todo cuando el foco amarillo de la inestabilidad fiscal ya está encendido.

Reducir el gasto público es un paliativo, sobre todo cuando la mayor parte de lo que gasta el gobierno ya está comprometida. Pero lo poco que se pueda recortar, sobre todo para el 2017, podría salvar la calificación crediticia mexicana que podría no estar lejos de ser puesta en revisión.

La solución correctiva y efectiva es diseñar el esquema fiscal de tal manera que, como en todo el mundo, sean todos los ciudadanos los que por la vía tributaria contribuyan al gasto. No sólo unos cuantos y de una forma desorbitada como ocurre en este país.

La verdadera corrección es por la vía de una reforma fiscal que brinde a Pemex la posibilidad de tributar como cualquier otra empresa del país y que además pague impuestos especiales por extracción de recursos del subsuelo, pero nada como la lacerante carga actual de 70 por ciento.

Hay razones más que suficientes para emprender un cambio fiscal estructural en este momento en que además la inflación, el costo del dinero y el crecimiento económico pueden amortiguar los efectos económicos de una reforma fiscal.

Lo que se tiene que construir con urgencia, antes de que una crisis sea el argumento para hacerlo, es el discurso político que convenza de la necesidad de hacer esa corrección impostergable.