¿El privilegio de servir?

Hace 70 días comenzó la materialización de la cuarta transformación, con la instalación de la LXIV Legislatura, de mayoría morenista en ambas cámaras del Congreso de la Unión. En este breve lapso han ingresado a trámite legislativo una veintena de iniciativas que sustentan las “reformas institucionales fundamentales” que permitirán a Andrés Manuel López Obrador cumplir con sus promesas de campaña.

En el Senado, hay nueve iniciativas con proyecto de decreto, entre las que destaca la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República —que esta semana deberá entrar al pleno para su aprobación— y la imposición de sanciones más severas para actos de corrupción, delitos electorales y el robo de hidrocarburos.

En la Cámara de Diputados, por su parte, ha quedado el paquete legislativo que busca “desmontar el marco jurídico de privilegios” e implantar la austeridad como verdadera política de Estado. Una parte se vio cumplimentada con la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones para los Servidores Públicos y falta la Ley Orgánica de la Administración Pública, que estaría aprobada al final de esta semana, según la agenda legislativa presentada la semana pasada ante el presidente electo. ¿Y la Ley sobre la Austeridad Republicana?

Un primer borrador del marco normativo sobre austeridad republicana fue elaborado por el equipo del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, quien la remitió a comisiones, el pasado 11 de septiembre.

“Esa iniciativa… va a completarse para hacerla más eficaz”, refieren en San Lázaro tras dos meses sin que avance en su dictamen. En el cumplimiento de ese encargo del presidente electo lleva mano Irma Eréndira Sandoval.

La próxima secretaria de la Función Pública tiene una visión radical en el combate a la corrupción, según la descripción formulada por legisladores morenistas consultados sobre el tema. “No se puede tapar el sol de la impunidad con el dedo de las reformas”, definió Sandoval a finales de la semana pasada durante un seminario internacional en el que fungió como moderadora y al que también acudieron María de la Luz Mijangos y José Agustín Ortiz Pinchetti —ambos nominados como fiscales especiales anticorrupción y en materia electoral, respectivamente—, además de Santiago Nieto Castillo, quien estará al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Las reformas legislativas, empero, han sido valoradas de manera particularmente relevante en otras esferas del primer círculo obradorista. La propuesta de iniciativa de Ley de Austeridad Republicana elaborada por el equipo de la futura titular de la SFP ha sido analizada por sus contrapartes de Hacienda y Economía.

Con cuatro capítulos y una larga lista de artículos transitorios, el proyecto no recibió el respaldo de ambas instancias. Y tampoco del equipo de juristas que asesora al presidente electo.

La Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos, promulgada la semana pasada por Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, estableció las sanciones aplicables a quienes incumplan el tope salarial establecido en el texto constitucional.

La regulación de los sueldos de la “burocracia dorada” —como definió Pablo Gómez, autor de la iniciativa que pasó nueve años en la congeladora legislativa— era necesaria para proyectar el presupuesto del 2019. Ante la reducción de plazas de confianza y la cancelación de las contrataciones por honorarios anunciadas por la administración entrante, comenzó un éxodo en la burocracia federal. Particularmente, entre los empleados de los órganos autónomos. En el INE, al menos 500 funcionarios habrían solicitado su retiro voluntario; “incluidos muchos que forman parte del Servicio Profesional Electoral”, de acuerdo con esas versiones.

Si la Ley Federal de Remuneraciones encrespó a la alta burocracia, la Ley de Austeridad terminaría por movilizarla si en el texto definitivo quedara asentada la prohibición expresa de “establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colecta por parte de los entes públicos federales para beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo”, de acuerdo con una versión que circula en San Lázaro. Esa nueva legislación ataría a todos los servidores públicos de la Federación al ISSSTE.

Una iniciativa generada en el INE para tramitar una demanda colectiva que se ha extendido profusamente en las sedes de Aguascalientes y Ciudad de México, ante la amenaza de que esas prestaciones económicas queden suprimidas. Ya sea por esa vía o por los amparos individuales que podrían acumularse en las próximas semanas, la nueva política salarial para la alta burocracia podría quedar en el limbo.

Hay otros asuntos más delicados. Particularmente los “daños a terceros” que la nueva regulación infringiría a familiares de los servidores públicos, si quedara la propuesta para obligarlos a informar sobre su patrimonio y sus declaraciones fiscales.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿COMPETENTES? Gerardo Morales es gobernador de la provincia de Jujuy. Y acaba de firmar con Mark Bradley, CEO de PNTV Inc un memorándum de entendimiento que gestaría una sui generis asociación público privada para cultivar una variedad de genéticas de cannabis ricas en CBD y THC en un predio de 14,000 hectáreas en la pampa argentina. Green Leaf Farms Jujuy y Cannabis Avatara forman parte del proyecto de cultivo de cannabis legal más grande del mundo, donde se producirían cáñamo industrial, marihuana medicinal y adulta para exportar a Norteamérica y otros mercados internacionales emergentes.

INDEFENSIÓN. La industria farmacéutica mexicana —enfocada más a la fabricación que a la investigación— siempre juega en desventaja ante las grandes firmas multinacionales. Y más, al momento de recibir autorización para vender medicamentos genéricos de alta especialidad a precios inferiores. Con demasiados intereses en medio, las autoridades federales en la materia, hasta el momento, han guardado prudente distancia de estas guerras comerciales.