Entre las concesiones que hizo el gobierno federal a los grupos que bloqueaban las carreteras hay un punto que puede resultar en un problema mayor para las intensiones mexicanas de mantener un acuerdo comercial con Estados Unidos
Hay dos subsecretarios del gabinete que la semana pasada asumieron las funciones de los titulares de sus respectivas dependencias.
En el caso de la Cancillería la propia presidenta Claudia Sheinbaum formalizó que Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, cubriría la ausencia temporal de Juan Ramón de la Fuente.
Pero, donde se dio un movimiento de facto, sin ningún protocolo oficial, fue en la Secretaría de Gobernación. Su titular, Rosa Isela Rodríguez, hizo su trabajo cuando recordó que algunos de los implicados en los bloqueos carreteros tenían carpetas de investigación previas y que estaban cometiendo delitos con los bloqueos.
Lo que olvidó la secretaria Rodríguez por un segundo es que trabaja para un gobierno populista al que no le pueden venir con eso de que la ley es la ley.
Y por eso, en la negociación con los grupos de campesinos y transportistas que mantuvieron los cierres carreteros removieron a la secretaria de camiseta lopezobradorista para colocar a un subsecretario con López Obrador tatuado en su piel.
Lo interesante, más allá de las señales que pueda mandar a futuro este movimiento, es que entre las concesiones que hizo el gobierno federal a los grupos que bloqueaban las carreteras hay un punto que puede resultar en un problema mayor para las intensiones mexicanas de mantener un acuerdo comercial con Estados Unidos.
Dice el acuerdo alcanzado entre el secretario de Agricultura, Julio Berdegué y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, con Baltazar Valdez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo, que, en una semana, el 8 de diciembre, instalarán una mesa de trabajo para excluir los granos básicos de la próxima negociación del T-MEC.
El comercio de productos agrícolas entre Estados Unidos y México superó los 78,000 millones de dólares en el 2024. Importamos de aquel país más de 30,000 millones de dólares, de los cuales 5,500 millones fueron maíz; 2,300 millones, soya; y 1,000 millones de trigo.
México es hoy el socio exportador agrícola más importante de Estados Unidos y los granjeros del Corn Belt y del Soybean Belt han dirigido cartas al presidente Donald Trump para que defienda el libre comercio agropecuario con México.
No solo eso, uno de los cabildeos más intensos de demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes es el de los estados productores de granos de Estados Unidos para garantizar que la agricultura estadounidense no se vea impactada de forma negativa por la política arancelaria de Trump.
¿Qué pensarán esos productores ahora que el populismo mexicano promete ceder en la aplicación de barreras arancelarias a los granos estadounidenses como una medida para terminar con bloqueos carreteros que no se atrevieron a quitar a través de la aplicación de las leyes y el Estado de derecho?
Juegan con fuego, porque esas promesas de Gobernación van a dejar alguien descontento. Si es a Estados Unidos, lo que peligra es todo el acuerdo comercial. Y si su promesa a los agricultores fue solo para salir del paso, seguro que no se quedarán con los brazos cruzados.
Entre las concesiones que hizo el gobierno federal a los grupos que bloqueaban las carreteras hay un punto que puede resultar en un problema mayor para las intensiones mexicanas de mantener un acuerdo comercial con Estados Unidos.
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