¿El poder de su firma?

Formalmente, cinco excolaboradores de Rosario Robles Berlanga han sido imputados por los convenios suscritos con instituciones de educación superior, al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, que habrían derivado en el millonario desvío de recursos conocido como la estafa maestra.

Un subsecretario (Enrique González Tiburcio) y dos directores generales (Armando Saldaña Flores y José Antolino Orozco Martínez) ya fueron notificados de las acusaciones en su contra. La audiencia para emplazar a Marcos Salvador Ibarra Infante y Simón Pedro de León Mojarro ocurrirá el próximo viernes 29 en el Reclusorio Norte. Este último, exjefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol, es señalado por ocho convenios, que suman 600 millones de pesos, mientras que Saldaña Flores acumuló 27 convenios que merecieron, cada uno, un dictamen pericial para comprobar la autenticidad de su firma.

González Tiburcio, quien fungió como coordinador de asesores de Robles Berlanga en Sedesol y fue subsecretario de Ordenamiento Territorial en Sedatu, fue imputado por un juez de control por presuntamente haber rendido testimonio falso a una autoridad distinta a la judicial. Junto con Armando Saldaña, exdirector de Ordenamiento Territorial, habrían desconocido sus firmas en los convenios suscritos con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Hidalgo, ante el OIC de Sedatu, Miguel Ángel Vega.

Un perito en grafoscopía de la PGR determinó que las firmas eran auténticas. La defensa del exfuncionario ofreció el testimonio de la especialista Elba Luz Emicente Aguirre, pero el juez Íñiguez Delgadillo desestimó sus argumentos. El pasado 10 de febrero, González Tiburcio presentó apelación, ya con un nuevo equipo de abogados.

Ambos imputados sostienen, además, que no estaban en la Ciudad de México en la fecha que fueron suscritos los convenios. ¿Además de falsificar su firma, alguien habría suplantado su identidad?

Su estrategia jurídica está basada en un fundamental: los contratos fueron suscritos con firmas falsificadas. Y su vinculación a proceso buscaría generar distractores para excluir de las pesquisas a los autores intelectuales de esta trama de corrupción. En descargo, los abogados pedirían a los jueces llamar a declarar a los exsubsecretarios Ernesto Nemer Álvarez y Juan Carlos Lastiri Quirós, a María Evangélica Villalpando Rodríguez —quien fue abogada general y comisionada para la Transparencia en Sedesol— y al titular del OIC, Eugenio Aurelio Alvírez Orozco.

Si los juzgadores validan sus evidencias —sostienen— deberán deslindarse las responsabilidades del exoficial mayor Emilio Zebadúa González y su equipo en esta trama, de la que no quedarían exentos Humberto René Islas, Enrique Prado Ordóñez, Sonia Angélica Zaragoza, Wendy Gabriela Arrieta, Javier Arrambide Olvera y José Luis Sánchez Buendía.

Estos últimos están entre los exfuncionarios de Sedesol que se mudaron con la exlideresa partidista a Sedatu en el 2016 y permanecieron con ella hasta el final del sexenio, donde fueron involucrados con la llamada estafa maestra.

Las pesquisas alcanzarían a 16 ex altos mandos de Sedesol y Sedatu que firmaron convenios con instituciones educativas para la dotación de servicios; éstas, a su vez, subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio o de plano no lo realizaron, pero los cobraron. Una simulación de operaciones que permitió el desvanecimiento de 3,258 millones de pesos.

Esta trama arrancó justo hace seis años, cuando Emilio Zebadúa González suscribió los primeros convenios protocolarios con la Universidad de Morelos y la UAEM que permitieron reconducir 1,195 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del expresidente Enrique Peña Nieto. El 1 de septiembre del 2015 fue transferido a la Oficialía Mayor de Sedatu. Y hasta el cierre del 2016 —detectaron los auditores— validó 12 convenios que suman 1,024 millones de pesos.

EFECTOS SECUNDARIOS

PÉRDIDA. El incendio en el Centro Integral de Servicios de Conagua, a un costado de CU, tendrá consecuencias dramáticas. Literalmente. Las llamas redujeron a cenizas el archivo donde se resguardaban los títulos de concesión y los permisos de explotación almacenados en el Registro Público de Derechos del Agua.

¿BOLAS DE HUMO? Después de clausurar la 82 Convención Nacional Bancaria y pernoctar en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la CDMX para inaugurar el estadio de beisbol del empresario Alfredo Harp Helú. En un palco, entre los invitados especiales, estaba el exabanderado priista José Antonio Meade. Pero sin el humo de la hoguera de muñecos de paja en que se han convertido sus conferencias de prensa mañaneras —con la complicidad de una fuente presidencial eclipsada por youtubers y panegíricos—, no hubo forma de ocultar los abucheos del respetable. A bote pronto, el Ejecutivo federal arremetió contra sus fustigadores con la misma cantaleta antisistema, lo que confirma lo expresado desde hace semanas por un bloque de comunicadores al servicio de la 4T: la retórica antisistema ya dio de sí, por lo que resulta urgente corregir el discurso presidencial. Mientras, los fifís organizan la resistencia: el colectivo Ciudadanos por México, que aglutina a una treintena de ONG, anunciará su postura contra la “tibia respuesta” del gobierno federal ante los chantajes de la CNTE y su rechazo a que el Senado de la República ratifique la revocación de mandato, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados.

IMPORTADAS. Los mexicanos radicados en Estados Unidos también podrán contribuir al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que será presentado dentro de dos meses por el Ejecutivo federal. Coordinados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los foros consultivos en territorio estadounidense se dividirán en tres ejes temáticos, con subtemas adaptados al contexto en el exterior, arrancarán dentro una semana y servirán para la activación de los nuevos cónsules.