La portada de ayer de nuestro querido diario El Economista fue un inmejorable reflejo de la realidad económica de nuestro país: la nota de la recuperación del sector automotriz a ocho columnas y abajo la fotografía de un militar patrullando frente al palacio de gobierno de Iguala en Guerrero.

Ése es nuestro país en estos momentos, uno donde la economía da muestras de una recuperación que parece más vigorosa, pero también una nación azotada por la inseguridad y la preocupación social por ello.

De hecho, la industria automotriz es una de las tantas víctimas de la delincuencia. La decisión de compra de un auto nuevo pasa en muchas ocasiones por una consideración de la situación de la seguridad pública. Lo mismo para una familia que quiere un auto, que una empresa que desea una flotilla.

En la encuesta mensual que levanta el Banco de México entre grupos financieros mexicanos y extranjeros del sector privado, hay un apartado muy interesante que recopila opiniones subjetivas sobre lo que ellos ven como lastres para el crecimiento.

De ese apartado de la más reciente encuesta llamaba positivamente la atención la desaparición del concepto de ausencia de reformas estructurales como un factor que podría frenar el crecimiento en los meses por venir.

Ese rubro era el primer lugar el año pasado y lo fue durante muchos años cuando las reformas estructurales parecían algo cercano a lo imposible por la falta de acuerdos políticos.

Han aparecido y desaparecido factores como la inestabilidad financiera internacional, la debilidad del mercado interno y externo. Pero hay un factor que se mantiene como una constante durante las encuestas de los años recientes: la inseguridad pública.

No es un tema que le guste al actual gobierno, a diferencia del anterior, que hizo del combate al crimen su razón de ser. Mientras más bajo sea el perfil del tema, parece ser mejor para las actuales autoridades federales.

Pero hoy, desde la perspectiva de los 38 grupos de análisis y consultoría económica consultados por el banco central mexicano, los problemas de inseguridad pública son el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico de México.

Por cierto que el número dos es la política fiscal que se está instrumentando, por aquello de que tanto se congratulan de su reforma fiscal.

Pero esa violencia y esa incertidumbre que sienten los casi 40 expertos y el resto de la sociedad son un factor que inhibe el desarrollo.

El presidente Enrique Peña Nieto se vio forzado a reaccionar ante un tema de brutalidad criminal como la desaparición y posible asesinato de un grupo de manifestantes en el estado de Guerrero. Eso es algo por demás notorio.

Pero la violencia y la inseguridad que pega en el ánimo de las decisiones económicas son, además de esos hechos mediáticos, aquellos que son parte de la vida cotidiana de millones.

Tras el exitoso papel de impulsor legislativo del actual gobierno, el reto del Poder Ejecutivo está en marcha. No sólo para implementar las reformas estructurales tan brillantemente conseguidas, sino para aportar esos otros elementos tan indispensables como la seguridad pública.