El peritaje que “sembró” la cizaña

Retomo esta nota publicada en MILENIO de ayer:

A cinco años de la noche de Iguala, el perito José Luis Torero sostuvo que los 43 normalistas de Ayotzinapa no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El experto en materia de incendio, quien integró el denominado Grupo Colegiado en Materia de Fuego, publicó en la revista Fire Safety Journal, en junio del año pasado, un nuevo estudio sobre el caso. “El definitivo”, como se refirió el propio especialista peruano a su artículo denominado Experimental study on the fuel requirements for the thermal degradation of bodies by means of open pyre cremation (…). Respecto a la nueva indagatoria que realiza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Torero aseguró que no ha sido buscado para participar en este nuevo proceso. Torero, actual jefe del Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Geomática de la Universidad de Londres, mantiene un contrato “perpetuo” de confidencialidad con la PGR para discutir detalles del tercer peritaje que se realizó en el tiradero de Cocula. “Estoy al tanto de la orientación del nuevo gobierno, pero en ningún momento se me ha pedido que participe o que dé mi opinión de manera oficial en cuanto al nuevo proceso que se está siguiendo”, dijo a MILENIO. “Una cláusula muy clara en el contrato indica que este es un tema de Seguridad Nacional, en el cual debo mantener la confidencialidad aun después de haber terminado la vigencia del contrato”, explicó.

Su “estudio” en el vertedero fue a petición del GIEI. Le tomó 20 minutos y ni una muestra de basura recogió para aventurar conclusiones. Descalificó todo lo que hicieron, de México: los peritos en fitología, entomología y piedras de los institutos de Biología y Geología de la UNAM; los expertos en delitos ambientales, medicina, antropología y odontología forense, así como especialistas en delitos ambientales de la PGR (universitarios y politécnicos), y del Instituto Mexicano del Petróleo, la Comisión Nacional del Agua, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el perito mexicano en fuego Mario Saldaña.

Y del extranjero: el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck y el grupo de especialistas acordado entre la PGR y el GIEI que, en su Informe del 31 de marzo de 2016, concluyó que sí hubo fuego en el basurero y que los restos localizados corresponden al menos a 17 cuerpos “humanos adultos”. Lo suscribieron cuatro: tres propuestos por la PGR (John DeHann, Mario Saldaña y Ricardo D. Torres) y uno por el GIEI (James D. Quintiere). Otro sugerido por este grupo de la CIDH fue Frederick W. Mowrer, quien se abstuvo de firmarlo pero que, en un reporte individual, manifestó estar de acuerdo con “muchas de las declaraciones manifestadas en el reporte” colectivo. Y el desconfiable Torero, en cuya visita fugaz apoya el GIEI su negación del basurero como destino final de algunos de (o todos) Los 43.