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El paquete económico para 2019 se presentó en tiempo y forma. Contrario a los pronósticos más pesimistas, los proyectos prioritarios del nuevo gobierno quedaron incluidos en el presupuesto sin poner en riesgo los equilibrios financieros. Aunque algunos indicadores pueden ser un tanto optimistas y todavía habrá jalones en el Congreso, el paquete fue bien recibido por los analistas.

Para acomodar las prioridades del gobierno, cuyo costo está estimado en 252 mil millones de pesos, se reasignaron partidas y se hicieron recortes a muchas dependencias, órganos autónomos y hasta universidades públicas. El déficit se mantuvo en 2.5% del PIB, la deuda pública no se incrementó y se dejaron intactos los fondos de estabilización.

El planteamiento al Congreso reconoce explícitamente la importancia de cinco principios para mantener la resiliencia de la economía: disciplina en las finanzas públicas, deuda pública manejable, autonomía del Banco de México, sistema bancario sano y acuerdos comerciales.

El gran cambio no está en la visión sobre los pilares de la economía, sino en el redireccionamiento de fondos públicos en el presupuesto. Y aquí es donde el ruido comienza, pues no todo gusta a los analistas financieros; es el caso de las inversiones en una refinería o en el Tren Maya.

También les preocupa el cúmulo de iniciativas emanadas de la gran coalición que soporta políticamente al presidente López Obrador. Ya hemos visto los sobresaltos financieros por planteamientos como la cancelación de las comisiones bancarias o el uso de recursos de las Afore.

Y dado que el propio presidente tiene que responder a ese abanico de intereses, seguramente lo veremos planteando consultas y retomando en su discurso líneas que inquietan a los mercados, como la bancarrota de la economía.

Para los analistas financieros y los mercados, el manejo prudente de la macroeconomía es una muy buena señal que, sin embargo, no cancela todas sus preocupaciones.

Aunque el paquete sea tan balanceado como en el pasado, la situación ahora es muy distinta. No solo por el cambio de prioridades, sino por un nuevo estilo de gobernar que necesariamente producirá sobresaltos en el sexenio.