Como sea, el chistesito le cuesta mucho al país. Según la medición de la International Chamber of Commerce México, tal nivel de corrupción representa el 5% del PIB, equivalente a 500 mil millones de pesos
LIC. RAQUEL BUENROSTRO,
SECRETARIA DE ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO:
Interesantísimo el estudio que llevó a cabo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MvsCI) sobre los 100 proveedores de gobierno con los mayores contratos obtenidos en 2025, el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y tiene mucha lógica, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. A veces podría ser el funcionario público el que demanda mochadas y la empresa cede, en otras puede tratarse de la compañía que busca hacerse de contratos sobornando a los funcionarios.
Como sea, el chistesito le cuesta mucho al país. Según la medición de la International Chamber of Commerce México, tal nivel de corrupción representa el 5% del PIB, equivalente a 500 mil millones de pesos.
Así pues, MvsCI se dio a la tarea de generar el Índice de Integridad de Proveedores del Estado (IIPE) y recién realizó su primera medición. Aun cuando los resultados globales indican que en promedio estos 100 contratistas alcanzan 56 puntos de un máximo de 100, al interior de los datos encontramos empresas que tienen normas de integridad corporativa y otras que no tienen nada o muy poco. Dichas normas “constituyen una de las medidas más eficientes que puede adoptar el sector privado para abatir estos riesgos. Poner por escrito normas para regular la vida interna de una organización y asegurar su cumplimiento cotidiano dificulta que las personas se pongan de acuerdo para realizar alguna actividad ilícita”.
Como decía, el radiografía de estas 100 empresas se ve polarizado. Mire nada más, doña Raquel, 46 reprobaron y de éstas, 38 obtuvieron menos de 25 puntos. En contrapartida, cabe señalar que hay 35 compañías que calificaron por encima de los 85 puntos, como es el caso Bayer, Microsoft, 3M, CEMEX y Farmacéuticos Maypo.
El índice evalúa 39 elementos de siete componentes. El componente mejor evaluado, en general, es el que las empresas manifiesten claramente sus condiciones como proveedor (89.4 puntos promedio). Le sigue el componente de disponibilidad de información; esto es que los contratistas cuenten con un sitio web con datos veraces sobre quiénes son y qué hacen. La verdad, no está muy difícil cumplir con tal requisito, pero aun así, 20% de las compañías no lo hacen.
“El conjunto de las empresas obtuvo 55 puntos de los 100 posibles en el componente de declaración de principios, dice la investigación. “Del total, 58 proveedores cuentan con un código de ética o de conducta publicado” y casi el mismo número cuenta también “con una política anticorrupción, en la que expresan un compromiso público de no tolerar ningún acto de corrupción en su interior, incluido el soborno”. Como ve, señora secretaria, aquí es donde los contratistas empiezan a perder posiciones, pues 42 no tienen nada parecido a una declaración ética.
Otro de los componentes evaluados es el sistema de denuncia, el cual solo aparece en 59 proveedores, por lo que el promedio es de 48.6. Casi los mismos números arroja el componente de relaciones con terceros, el cual implica una definición de conflicto de interés. En dicho componente, solo 53 lo tienen manifiestamente claro; los otros 47, bien gracias.
Pero no solo basta con que las empresas cuenten con una declaración de principios éticos, lo importante es que lo compartan con sus directivos y colaboradores. Pues resulta que en el componente capacitación y alcance, solo la tercera parte de los contratistas estudiados cumplen con este requisito, por lo que no es de extrañar que solo alcance una media de 41.7 puntos.
“El componente de relaciones con gobierno es uno de los dos peor evaluados en el índice, con 41.8 puntos de 100 posibles. Aunque 31 de las 100 empresas cumplieron con todos los requerimientos de este apartado, 50 no obtuvieron ninguno. Esta sección evalúa cuatro elementos de sus políticas de integridad”, entre ellos que las empresas tengan lineamientos para participar en licitaciones y los regalos a funcionarios. Además, supone que haya un compromiso explícito con la libre competencia, es decir, que no se pongan de acuerdo para inflar precios o simular competencia.
Como expuse arriba, 46 empresas reprobaron, pero le voy a platicar de las 10 peor calificadas. Resulta que ni siquiera su domicilio no es comprobable en su página web y nada más le cuento que estas empresas recibieron 465 contratos por casi 33 mil millones de pesos. Para que dimensionemos el tamaño del monto, es la mitad del presupuesto de Salud.
Mire si será importante la cultura anticorrupción dentro de las empresas y hay un caso que lo ilustra claramente. Se trata de Biomics Lab, una de las 59 empresas que traían sobreprecios para la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, lo cual habría implicado un sobrecosto de 13 mil millones de pesos para el gobierno federal. Afortunadamente, la dependencia a su cargo detuvo la licitación, pero el daño al abasto de medicamentos fue severo.
No basta con que la Ley de Adquisiciones establezca los límites, la cultura anticorrupción debe ser parte de la cultura empresarial, que los contratistas la observen y que el gobierno la haga exigible. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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