Aunque la economía y la creación de empleo mantuvieron un buen ritmo de crecimiento durante el mandato de Trump, los logros en términos de reducción de la desigualdad fueron escasos
El presidente Joe Biden y su partido están impulsando una ambiciosa agenda enfocada en transformar el contrato social que ha estado vigente en Estados Unidos durante varias décadas. Este nuevo contrato social busca reducir la creciente desigualdad económica en ese país.
La llegada de un populista como Donald Trump a la presidencia en el 2016, puso en evidencia el descontento de millones de votantes ante el deterioro en el nivel de vida de la clase trabajadora y la creciente brecha contra los más ricos.
Aunque Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de revertir esta tendencia sus iniciativas lograron exactamente lo contrario. Su reforma fiscal del 2017, que redujo el ISR a personas físicas y morales, y recortó las tasas impositivas a las ganancias de capital benefició principalmente a los empresarios y a las clases altas.
Asimismo, su agenda proteccionista —basada en la implementación de aranceles a las importaciones provenientes de China, Canadá y la Unión Europea— se tradujeron principalmente en aumentos de precios para los consumidores, siendo las clases medias y bajas las más afectadas.
Aunque la economía y la creación de empleo mantuvieron un buen ritmo de crecimiento durante el mandato de Trump, los logros en términos de reducción de la desigualdad fueron escasos.
La llegada de la pandemia y la pésima respuesta sanitaria de la administración Trump borraron estos escasos avances y volvieron a ampliar la brecha entre los más ricos y los menos afortunados.
En este contexto, la administración Biden ha hecho de la reducción de la desigualdad una de sus principales prioridades. Para lograr esto, Biden está impulsando una ambiciosa agenda de medidas de política económica. La primera de estas medidas fue la implementación, en marzo, de un paquete de apoyos fiscales de 1.9 billones de dólares para enfrentar la pandemia.
A este programa se están sumando dos nuevas iniciativas diseñadas para que el gobierno juegue un papel protagónico en la creación de apoyos y generación de oportunidades para las clases medias, medias bajas y bajas.
La primera iniciativa es un paquete multi-anual de 2.7 billones de dólares principalmente enfocado en inversión en infraestructura y energías limpias. La segunda iniciativa es un paquete de 1.8 billones, a ejercerse en un periodo de 10 años, destinados a programas educativos, de guarderías y créditos fiscales para familias con hijos pequeños.
En su totalidad, estas tres iniciativas representan un agregado de aproximadamente 28% del PIB. Para dar contexto a esta cifra, basta con decir que supera ampliamente al New Deal de Roosevelt (equivalente a 13% del PIB) diseñado para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión.
Aunque esta comparación puede salirse de contexto ya que dos de las tres iniciativas de Biden se implementarían a lo largo de varios años, la Casa Blanca tiene muy claro que para poder financiar estos ambiciosos planes de gasto e inversión pública, será necesario incrementar los impuestos.
De lo contrario, el deterioro en la trayectoria de las finanzas públicas —que comenzó con la reducción de impuestos de Trump en el 2017 y que se exacerbó con la llegada de la pandemia y las iniciativas de apoyo fiscal implementadas para amortiguar el golpe a las familias y las empresas— se volvería insostenible.
Las dos nuevas iniciativas de gasto e inversión presentadas por Biden y su plan de aumento en los impuestos enfrentan una fuerte oposición por parte de los republicanos e inclusive de parte de algunos legisladores demócratas menos progresistas.
No obstante, queda claro que la visión económica de la administración Biden es una donde el gobierno busca jugar un papel mucho más activo en la redistribución del ingreso y la reducción de la desigualdad.
Minuto a minuto
