El motín de la alta burocracia

Segundo en importancia, en el organigrama de la Secretaría de Gobernación, el exsenador chiapaneco Zoé Robledo ha tenido poco tiempo para cumplir con engorrosos trámites administrativos del arranque de sexenio. Y es que además de las funciones de la Subsecretaría de Gobierno, deberá asumir el control de las extintas subsecretarías de Enlace Legislativo y Normatividad de Medios.

Su estreno formal como encargado de las relaciones del Ejecutivo federal con el Congreso de la Unión ocurrió mismo, cuando acudió al Senado de la República para entregar la iniciativa de ley que reformaría los artículos 108 y 111 de la Constitución, para suprimir el fuero.

Para el cumplimiento de estas tareas y el seguimiento de los decretos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación —que también quedó bajo su adscripción— Robledo llamó a su excompañero de bancada y de partido, Miguel Lucia Espejo, quien fungiría como enlace entre el Palacio de Cobián y las directivas de ambas cámaras legislativas.

El exsenador y expresidente de Morena en Morelos estaba por aterrizar en Bansefi, por invitación de su paisano Rabindranath Salazar pero en el futuro Banco del Bienestar los cambios han quedado en suspenso, por lo que su integración a Segob resultó más que oportuna.

En las dependencias adscritas a la Subsecretaría de Normatividad de Medios —entre ellas RTC, el Sistema Público de Radiodifusión y la poderosísima Dirección General de Normatividad en Comunicación, donde fueron autorizados contratos que suman más de 120,000 millones de pesos en los últimos dos sexenios—, el político chiapaneco irá con calma.

Que nadie renuncie todavía, pidió a sus subordinados. Y sobre todo que los trámites —la actualización del DOF y del Padrón de Medios, o la recepción de las solicitudes de certificados de licitud, por ejemplo— no deben quedar sujetos a los vaivenes del cambio de gobierno.

La reestructuración de esa área es inevitable, como en el resto de las dependencias de la administración pública. Por obra y gracia de la austeridad republicana, el aparato gubernamental en sus estructuras superiores quedará compactado, al mínimo de la operación.

El atorón legislativo de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue el último inconveniente en la limpia de la alta burocracia, que desoyó las instrucciones de la superioridad, para entregar sus renuncias.

Los primeros tres días hábiles de la cuarta transformación han sido dramáticos, desde el punto de vista de la estabilidad laboral del gobierno federal. Sin ofertas de indemnización, los presuntos renunciantes —la mayoría, empleados de confianza— se quejan de malos tratos y acusan a los servidores públicos entrantes de usurpación de funciones.

Ante el amago de demandas laborales, los relevos respondieron con oficios a las áreas de administración y finanzas para suspender pagos de sueldos y salarios con fecha del 1 de diciembre.

En ruta de colisión con el Poder Judicial y los órganos autónomos, por la inminente reducción de las partidas presupuestales para sueldos y salarios, el Ejecutivo federal está apurado en esta Operación Limpieza que —entre muchas otras cosas— dejará al país sin un centenar de embajadores y cónsules muy pronto.

De acuerdo con el despacho de abogados Trusan & Roma, hay más de 6,500 funcionarios, provenientes de 297 entidades de la administración pública dispuestos a tramitar un amparo contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por la reducción de sus percepciones y la cancelación de su paquete de prestaciones, incluidos bonos de productividad, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y seguro de separación individualizada.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿PISO PAREJO? La nueva administración de la Cámara de Diputados convocó a una licitación pública nacional para contratar al nuevo servicio de limpieza. Las empresas participantes deberán acreditar al menos siete contratos celebrados con el sector público del 2016 a la fecha, como experiencia. Y contar con un mínimo de cinco certificaciones expedidas por una certificadora, mismas que no deben tener más de un año de antigüedad. El cumplimiento de la Norma 025 que procura la equidad de género no fue impuesto como requisito. ¡Órale!

EN LA MIRA. Luego de que difundiera su proyecto de sentencia en el caso de la impugnación de la elección para gobernador de Puebla, el magistrado José Luis Vargas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se volvió en el villano preferido de los panistas, quienes ante esa inédita transparencia ahora le demandan se excuse de resolver en este espinoso caso. “Me parece que parte de lo que hoy estamos llamados a realizar es una combinación entre un modelo regulatorio, así como de mejores prácticas en lo cual todo mundo, actores privados y actores públicos entendamos que los derechos, el ejercicio de derechos a la libertad de expresión, al derecho a recibir todo tipo de información, tiene que estar acompañado de una responsabilidad social de los agentes privados y públicos frente a lo que se denomina la información veraz y adecuada para la ciudadanía”, respondió el magistrado.

CONTRASTES. Para frenar al éxodo centroamericano, AMLO propone edificar “cortinas de desarrollo” —la siembra de árboles maderables y la construcción del Tren Maya, en el sur, además de la zona franca en el norte— pero Donald Trump insiste en la construcción del muro fronterizo. Y en esa ruta podría avanzar con rapidez luego de que la Suprema Corte se negara a revisar aspectos de una ley de inmigración que permitieron al gobierno omitir las revisiones ambientales relacionadas con la polémica estructura y también desechara las objeciones de grupos ecologistas.