Para dignificar las campañas electorales, la reforma de 2008, tan infeliz por tantos motivos, volvió precepto constitucional la prohibición de que los candidatos hablaran mal unos de otros. Lo hizo estableciendo en el artículo 45 constitucional que “en la propaganda política o electoral que difundan, los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien … Continued
Para dignificar las campañas electorales, la reforma de 2008, tan infeliz por tantos motivos, volvió precepto constitucional la prohibición de que los candidatos hablaran mal unos de otros.
Lo hizo estableciendo en el artículo 45 constitucional que “en la propaganda política o electoral que difundan, los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”.
Por calumnia se entiende en la ley la difusión de hechos falsos que afectan la fama de las personas. Pero por calumnia se entiende en la vida política real todo lo que habla mal de alguien.
Aparte de la ociosidad de prohibir en un campo específico de la vida pública lo que está ya prohibido en todos (es como legislar que los candidatos no deben asesinarse entre sí), el precepto ha terminado blindando las campañas del espíritu controversial, acusatorio y derogatorio que les es característico.
¿Cómo reprimir en un candidato el impulso y la necesidad de hablar mal de sus competidores, exagerar sus defectos, magnificar sus fallas, afectar su fama pública, su prestigio, su credibilidad?
Es imposible. Legislar contra esa realidad no hace sino meterla bajo la mesa, crear un mercado negro de difamación y calumnia.
Huyendo de las campañas negativas a campo abierto, los legisladores han sumergido este impulso irrefrenable de la contienda política en una zona gris de donde vienen ahora ríos de lodo mucho peores que los que se quería evitar.
Nuestras campañas están llenas de filtraciones ilegales, imputaciones grotescas, calumnias de doble y triple vuelta. La impunidad de su difusión anónima por las redes sociales o internet multiplica la negatividad del ambiente público. Nuestras elecciones empiezan a parecer una historia de monstruos en contienda: corruptos, mentirosos, ladrones, narcos, carne impune de presidio.
Los expertos han concluido hace mucho tiempo que las campañas negativas en el ámbito electoral no solo no son ofensivas para los ciudadanos, sino necesarias, porque los informan, los alertan. Que los políticos profesionales se saquen los trapos al sol es un servicio para los votantes, que después juzgarán por sí mismos.
Para evitarnos un torneo legal de descalificaciones entre candidatos, los legisladores abrieron un mercado negro de basura que, con frecuencia, acaba siendo el factor determinante de quién gana. Poderes del mercado negro.
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